Tres décadas después de la construcción de la arquitectura internacional contemporánea contra la corrupción, persiste una cuestión fundamental: ¿en qué medida sus normas, instituciones y actuaciones se han traducido en una reducción efectiva de la corrupción?

Este artículo examina la distancia entre la actividad institucional y los resultados anticorrupción mediante documentación y datos de la Comisión Europea, la OCDE, Naciones Unidas, la OEA, el FMI, OLAF y la Fiscalía Europea. Propone evaluar los resultados mediante una cadena que comprende la observabilidad del fenómeno, la recepción y comprobación de información, el acceso a la investigación, la persecución, la sanción, su ejecución y la recuperación de activos, identificando las posibles pérdidas entre sus distintas etapas.

El análisis relaciona las estimaciones internacionales sobre la dimensión macroeconómica de la corrupción con las limitaciones de los indicadores disponibles para determinar qué proporción del fenómeno llega a ser detectada, investigada, sancionada y reducida. Examina asimismo una brecha específica de observabilidad y medición relativa a la corrupción que puede implicar a funcionarios y responsables públicos, así como la importancia de la protección efectiva de denunciantes, periodistas y abogados para el funcionamiento de los mecanismos de detección.

Finalmente, plantea la hipótesis de que determinados sistemas anticorrupción, cuando sus controles son conocidos pero su aplicación resulta insuficiente, pueden generar efectos contraproducentes y favorecer indirectamente la adaptación y ocultación de algunas conductas corruptas.

El artículo concluye que la expansión de la arquitectura anticorrupción no constituye por sí misma evidencia de una reducción equivalente de la corrupción y propone ampliar la evaluación hacia los resultados efectivos, las brechas de medición y los posibles efectos no intencionados de los sistemas creados para combatirla.

Palabras clave: corrupción macroeconómica; corrupción sistémica; resultados anticorrupción; brecha de investigación; funcionarios públicos; recuperación de activos; protección de denunciantes; medición de la corrupción; adaptación de la corrupción.

1. De la construcción institucional a la evaluación de resultados

En 2014, la Comisión Europea formuló un diagnóstico especialmente relevante. Los Estados miembros disponían ya de la mayoría de los instrumentos jurídicos e instituciones necesarios para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, los resultados no eran satisfactorios. Las normas no siempre se aplicaban enérgicamente, los problemas sistémicos no se abordaban con suficiente eficacia, las instituciones no siempre disponían de capacidad suficiente y las intenciones declaradas permanecían demasiado alejadas de los resultados concretos. La Comisión añadía que a menudo parecía faltar una verdadera voluntad política para erradicar la corrupción.

La observación era especialmente significativa porque distinguía implícitamente dos realidades que con frecuencia se confunden: la construcción de una arquitectura anticorrupción y sus resultados.

Han transcurrido aproximadamente tres décadas desde que comenzó a construirse la arquitectura internacional contemporánea contra la corrupción y doce años desde aquel diagnóstico de la Comisión Europea.

¿Cuáles han sido los resultados?

La pregunta exige cambiar la unidad de medida.

La aprobación de convenciones, directivas, leyes y estrategias; la creación de organismos; las visitas de evaluación; los informes; las recomendaciones; las investigaciones iniciadas y los procedimientos tramitados permiten medir actividad institucional. No permiten, por sí solos, determinar cuánto se ha reducido la corrupción.

Para medir resultados es necesario reconstruir una cadena diferente:

información o denuncia → recepción y evaluación → comprobación → acceso a la investigación → detección → investigación → persecución → enjuiciamiento → condena o sanción → ejecución → recuperación de activos → reducción de la corrupción.

Cada transición constituye un posible punto de pérdida.

Esta cadena constituye un modelo analítico de las posibles transiciones entre la existencia de corrupción y los resultados de los sistemas anticorrupción, no una secuencia procesal única. Algunas fases pueden desarrollarse en paralelo, repetirse o producirse en un orden diferente según el procedimiento y la jurisdicción. En particular, la detección puede preceder a la denuncia y determinadas medidas de aseguramiento o recuperación de activos pueden adoptarse antes de la resolución definitiva del procedimiento.

La evaluación exige además determinar si esas pérdidas se distribuyen de manera semejante entre los distintos tipos de actores o si la posición institucional de las personas potencialmente implicadas se relaciona con diferencias en el acceso a las sucesivas fases.

Y existe además una condición transversal: quienes proporcionan la información, la investigan, la publican o la articulan jurídicamente deben poder hacerlo sin sufrir represalias capaces de interrumpir la cadena.

2. La primera brecha: normas e instituciones no equivalen a resultados

El problema identificado por la Comisión Europea en 2014 no era primordialmente la inexistencia de normas. Era la distancia entre normas, instituciones y resultados.

La propia Comisión advertía además que las estrategias anticorrupción podían producir resultados muy diferentes. En algunos casos habían impulsado progresos reales; en otros, estrategias aparentemente ambiciosas habían tenido poco o ningún efecto sobre la situación existente. Incluso la creación de agencias especializadas podía generar efectos negativos si producía la impresión de que las restantes instituciones quedaban liberadas de su propia responsabilidad.

Doce años después, la OCDE vuelve a identificar una brecha semejante. Sus Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 sitúan, para los países miembros, la fortaleza media de la regulación de integridad en el 63 %, frente a un 44 % de implementación: una diferencia de 19 puntos porcentuales. Sólo aproximadamente uno de cada cuatro países miembros realiza seguimiento de la implementación de sus estrategias anticorrupción.

El problema, por tanto, no parece encontrarse exclusivamente en la producción normativa.

Existe una brecha entre regulación, implementación y resultado.

Pero incluso medir correctamente la implementación sigue sin responder a la pregunta fundamental. Una norma puede estar formalmente implementada y una institución puede desarrollar una actividad considerable sin que ello demuestre una reducción equivalente de la corrupción.

3. Instituciones existentes, capacidad e independencia insuficientes

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no se limita a exigir instituciones. Sus artículos 6 y 36 requieren que los órganos preventivos y especializados dispongan de la independencia necesaria para desempeñar eficazmente sus funciones y actuar sin influencias indebidas.

La distinción es fundamental.

Existencia institucional ≠ capacidad institucional ≠ independencia institucional ≠ efectividad.

La independencia institucional requiere, además, distinguir entre las garantías previstas formalmente y las condiciones efectivas de funcionamiento. La existencia de autonomía jurídica no demuestra, por sí misma, que las decisiones de comprobación, investigación o persecución estén libres de influencias indebidas.

Una institución puede existir, recibir denuncias, elaborar estadísticas y cerrar expedientes y, sin embargo, no detectar ni perseguir una parte significativa de la corrupción existente.

Por ello, el número de organismos, funcionarios, expedientes o actuaciones no constituye necesariamente un indicador del resultado anticorrupción.

4. La recuperación de activos: un resultado económico medible

La recuperación de los beneficios ilícitos proporciona uno de los pocos ámbitos en los que puede observarse con relativa claridad la distancia entre actividad institucional y resultado económico.

En su evaluación de impacto de 2022 sobre recuperación y decomiso de activos, la Comisión Europea utilizó una estimación de 139.000 millones de euros anuales de ingresos procedentes de nueve grandes mercados de delincuencia grave y organizada en la Unión Europea, correspondiente a 2019. La misma evaluación estimó que aproximadamente 2.400 millones de euros eran congelados anualmente y alrededor de 1.200 millones finalmente decomisados.

En términos relativos, la Comisión señaló que aproximadamente el 2 % de los beneficios criminales estimados era congelado y el 1 % decomisado, por lo que alrededor del 99 % permanecía en manos de las organizaciones criminales. Estas proporciones son aproximadas y proceden de estimaciones con períodos de referencia diferentes, no de una medición homogénea de un mismo ejercicio.

Estas cifras no corresponden exclusivamente a corrupción, sino al conjunto más amplio de beneficios procedentes de la delincuencia grave y organizada. Por ello, no pueden utilizarse como una estimación de la recuperación de activos procedentes de corrupción.

Su importancia para este análisis es diferente: muestran que una arquitectura jurídica y operativa desarrollada puede coexistir con una proporción extraordinariamente reducida de beneficios criminales congelados y decomisados.

La Comisión calificó la Directiva de decomiso como moderadamente efectiva. Aunque identificó un aumento de las órdenes de congelación y decomiso, consideró que los resultados seguían siendo insuficientes para afectar significativamente a los beneficios de la delincuencia organizada.

Aquí aparece nuevamente la diferencia entre actividad y resultado:

Más órdenes de congelación ≠ mayor proporción de beneficios ilícitos recuperados.

5. Investigar el dinero antes de que desaparezca

La recuperación depende además del tiempo.

Los activos pueden transferirse, transformarse, ocultarse o desplazarse entre jurisdicciones. Una comprobación tardía puede determinar qué existe en el momento de la consulta, pero no necesariamente qué existía cuando se produjo la operación denunciada.

Esto introduce una variable que las estadísticas tradicionales capturan deficientemente:

el tiempo hasta la comprobación.

Cuando una denuncia proporciona información financiera concreta —entidad, cuenta, cantidad, fecha, transferencia o beneficiario— el resultado relevante no consiste únicamente en registrar que se recibió una denuncia.

Debe conocerse:

qué información fue comprobada;
cuánto tiempo tardó la comprobación;
si se verificó la situación existente en la fecha denunciada;
qué resultado produjo;
y si ese resultado permitió abrir una investigación, localizar activos o descartar fundadamente la información.

Una investigación financiera iniciada cuando los activos ya han desaparecido puede ser estadísticamente una investigación y materialmente un fracaso.

6. Antes de la investigación existe otra brecha: el acceso a la investigación

La medición tradicional suele comenzar demasiado tarde.

Cuenta investigaciones, acusaciones, procesos y condenas. Pero antes de que exista una investigación se producen decisiones institucionales decisivas.

Una información puede ser recibida y archivada sin comprobación material. Una denuncia puede considerarse insuficiente porque todavía no contiene los indicios que precisamente una investigación permitiría obtener.

Conviene, por tanto, distinguir:

denuncias recibidas ≠ denuncias comprobadas ≠ investigaciones abiertas ≠ investigaciones materiales ≠ persecuciones ≠ condenas.

De aquí surgen dos variables relacionadas, pero diferentes:

Tasa de comprobación material

¿Qué proporción de las comunicaciones que contienen información concreta y verificable sobre posibles actos de corrupción recibe una comprobación material documentada antes de ser archivada?

Tasa de acceso a la investigación

¿Qué proporción de las comunicaciones recibidas da lugar a una investigación material, distinguiendo las que acceden directamente a ella de aquellas que lo hacen después de una comprobación preliminar?

Para evaluar ambas tasas es necesario distinguir las comunicaciones recibidas, las que contienen información susceptible de comprobación y las que reúnen los requisitos legales para iniciar una investigación. También deben identificarse las razones del archivo y el tiempo transcurrido hasta la decisión.

Esta pregunta es particularmente importante cuando determinados datos sólo pueden ser verificados por autoridades que disponen de acceso a registros, cuentas, información tributaria, comunicaciones u otras fuentes inaccesibles para el denunciante.

Puede aparecer entonces una circularidad:

no se investiga porque faltan indicios → los indicios sólo pueden obtenerse mediante comprobaciones institucionales → al no realizarse las comprobaciones, los indicios nunca pueden aparecer.

Una estadística que contabilice ese expediente como “resuelto” mide actividad administrativa o judicial. No mide detección efectiva de corrupción.

7. Una brecha específica: la investigación de la corrupción de funcionarios públicos

La evaluación de los resultados anticorrupción plantea una dificultad adicional cuando las conductas investigadas afectan a funcionarios públicos o a miembros de las propias instituciones encargadas de prevenir, detectar o perseguir la corrupción. En estos casos no basta con conocer el número total de investigaciones realizadas. Es necesario determinar también quiénes son investigados y quiénes quedan fuera de la investigación, y si la posición institucional de los posibles responsables se relaciona con diferencias en la detección, comprobación, investigación, persecución y sanción.

7.1. La Unión Europea: OLAF y Fiscalía Europea

La experiencia de la Unión Europea permite observar este problema con especial claridad porque dispone de dos organismos especializados con funciones diferentes: la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea (EPPO). Sus estadísticas muestran una intensa actividad investigadora, pero ofrecen una imagen mucho menos completa cuando se intenta reconstruir específicamente el tratamiento de la corrupción protagonizada por funcionarios y miembros de las instituciones.

En la Fiscalía Europea, la corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos —nacionales o de la Unión— constituye una parte reducida de la actividad investigadora. En 2024, la corrupción representaba aproximadamente el 3 % de los delitos investigados y, en 2025, figuraba entre las categorías delictivas presentes en el 4,69 % de las investigaciones activas. Estas cifras corresponden a unidades estadísticas diferentes y no deben interpretarse como una serie directamente comparable. Tampoco indican qué porcentaje de las investigaciones afecta a funcionarios públicos, puesto que una investigación puede comprender varios delitos y la intervención de funcionarios puede aparecer en asuntos clasificados bajo otras categorías. Este último año, la EPPO mantenía 3.602 investigaciones activas. La propia Fiscalía advierte, además, de que la corrupción puede aparecer asociada a otros delitos de su competencia, por lo que estos porcentajes no equivalen a la totalidad de las investigaciones en las que puede intervenir algún funcionario público.

Existe otro indicador relevante en una fase anterior de la cadena. En 2024, sólo el 1,7 % de las informaciones sobre posibles delitos recibidas por la Fiscalía Europea procedía de instituciones, órganos, oficinas y agencias de la propia Unión. La EPPO señaló expresamente que este reducido porcentaje mostraba la necesidad de mejorar la detección y comunicación de sospechas de fraude por las instituciones europeas. El problema puede encontrarse, por tanto, antes incluso de la investigación: si determinados hechos no son detectados o comunicados, tampoco pueden aparecer posteriormente entre las investigaciones, acusaciones y condenas.

OLAF presenta un problema complementario. Su mandato incluye investigaciones internas sobre conductas graves de funcionarios y miembros de las instituciones de la Unión. Entre 2021 y 2025 emitió 107 recomendaciones disciplinarias, respecto de las cuales las autoridades competentes habían adoptado 65 decisiones. Durante el mismo periodo emitió 145 recomendaciones judiciales; las autoridades judiciales nacionales habían adoptado decisiones respecto de 73 y 27 habían desembocado en acusación. OLAF puede formular tanto recomendaciones disciplinarias como judiciales como resultado de sus investigaciones internas.

Sin embargo, aunque OLAF proporciona información diferenciada sobre sus recomendaciones disciplinarias y judiciales, las estadísticas judiciales agregadas no permiten reconstruir de forma completa y comparable qué proporción de las investigaciones, recomendaciones y resultados penales corresponde a funcionarios o miembros de las instituciones de la Unión y qué proporción corresponde a operadores económicos u otros particulares. Tampoco permiten identificar sistemáticamente las pérdidas que se producen entre la recepción de información, la investigación, las recomendaciones y sus consecuencias finales para cada categoría de actores. En consecuencia, tampoco permiten reconstruir para los funcionarios una cadena completa y comparable:

información recibida → evaluación → comprobación → investigación → recomendación disciplinaria o judicial → acusación → sanción o condena → ejecución.

Esta limitación estadística es relevante por sí misma. Una arquitectura anticorrupción no puede evaluarse únicamente por el número agregado de investigaciones o recomendaciones que produce. También es necesario conocer qué categorías de actores atraviesan cada una de las etapas del sistema y con qué resultados.

Los datos disponibles no permiten concluir, por sí solos, que los funcionarios públicos reciban un tratamiento favorable. El reducido peso estadístico de la corrupción de funcionarios puede responder a diferentes factores: competencias limitadas de los organismos, clasificación de los delitos bajo otras categorías, menor detección, menor comunicación, dificultades probatorias, derivación de asuntos a autoridades nacionales o diferencias en el acceso efectivo a la investigación. Precisamente, la imposibilidad de distinguir suficientemente entre estas explicaciones forma parte del problema de evaluación.

Puede identificarse así una brecha específica de observabilidad, investigación y medición de la corrupción de funcionarios públicos: la distancia entre la corrupción que puede implicar, requerir o beneficiarse de actuaciones realizadas desde posiciones públicas y la parte de ese fenómeno que llega a ser detectada, comprobada, investigada, perseguida y finalmente sancionada.

7.2. De la Unión Europea a los Estados

Esta brecha no debe analizarse exclusivamente como una característica de las instituciones de la Unión. La arquitectura europea de lucha contra el fraude y la corrupción se encuentra estrechamente relacionada con los sistemas nacionales. OLAF remite recomendaciones judiciales a las autoridades competentes de los Estados y depende posteriormente de éstas para una parte sustancial de sus consecuencias penales. La Fiscalía Europea dispone de mayores facultades de investigación y persecución, pero desarrolla su actividad mediante fiscales europeos delegados y ante los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados participantes.

Se produce así una cadena institucional en ambos sentidos:

Estados → detección e información → OLAF/EPPO → investigación y remisión o persecución → autoridades y tribunales nacionales → sanción, condena y ejecución.

Por ello, una brecha nacional en la detección, investigación o persecución de la corrupción de funcionarios puede trasladarse al nivel europeo y reaparecer posteriormente cuando los resultados de las investigaciones europeas dependen de actuaciones nacionales.

Los resultados observados en OLAF y en la Fiscalía Europea plantean, por tanto, una cuestión más general: ¿hasta qué punto la reducida presencia observable de la corrupción de funcionarios en determinadas estadísticas europeas refleja también las brechas existentes en los sistemas anticorrupción de los Estados?

Responder a esta pregunta exigiría disponer de estadísticas nacionales comparables que permitieran diferenciar, como mínimo, entre funcionarios públicos, responsables políticos, operadores económicos y particulares en las sucesivas fases de información, comprobación, investigación, persecución, condena y ejecución. En ausencia de esa información, el número agregado de procedimientos puede ocultar diferencias sustanciales en función de la posición de las personas afectadas.

7.3. De los Estados a la dimensión mundial de la corrupción

La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se relaciona con las estimaciones internacionales sobre la magnitud de la corrupción examinadas en el primer artículo de esta serie.

Como se mostró allí, las estimaciones difundidas dentro del sistema de Naciones Unidas han situado el coste de la corrupción en aproximadamente el 5 % del PIB mundial, mientras que Naciones Unidas ha señalado posteriormente que hasta el 25 % del gasto público mundial puede perderse por corrupción. Estas magnitudes permiten considerar la corrupción no solamente como una acumulación de conductas individuales, sino como un fenómeno de dimensión macroeconómica. [Marzal, 2026, Artículo 1].

La comparación con los resultados anticorrupción plantea entonces una cuestión fundamental. Si la corrupción alcanza una dimensión macroeconómica, la eficacia de los sistemas destinados a combatirla no debería evaluarse exclusivamente mediante el número absoluto de normas aprobadas, organismos creados, investigaciones abiertas, acusaciones formuladas o condenas obtenidas. Esta relación plantea una dificultad metodológica: la información macroeconómica de corrupción y las estadísticas administrativas o judiciales no utilizan necesariamente las mismas unidades de medida, períodos de referencia ni poblaciones. Por ello, la brecha identificada no puede cuantificarse directamente mediante la comparación de sus cifras agregadas. Constituye, en primer término, una brecha de conocimiento y medición que exige desarrollar indicadores y métodos capaces de aproximar las distintas etapas del fenómeno.

La discrepancia resulta especialmente significativa respecto de los funcionarios y responsables públicos. Una corrupción capaz de afectar a una proporción tan elevada del gasto público difícilmente puede analizarse exclusivamente mediante las actuaciones de empresas y particulares. La contratación pública, las subvenciones, la gestión presupuestaria, las autorizaciones, la regulación y numerosas decisiones administrativas implican necesariamente la intervención de estructuras y agentes públicos. Naciones Unidas identifica precisamente la contratación pública como un ámbito especialmente expuesto a la corrupción por la interacción entre funcionarios y operadores privados.

Sin embargo, no existe una medición mundial equivalente que permita reconstruir qué proporción de esa corrupción es detectada, qué proporción es materialmente comprobada, qué funcionarios o responsables públicos son investigados, cuántos son perseguidos y sancionados y qué proporción de los recursos afectados termina siendo recuperada.

Surge así una brecha de alcance mucho mayor:

dimensión macroeconómica de la corrupción → corrupción observable → corrupción detectada → información comprobada → corrupción investigada → corrupción perseguida → corrupción sancionada → sanción ejecutada y activos recuperados → reducción efectiva de la corrupción.

La brecha de observabilidad y medición identificada en las estadísticas de OLAF y de la Fiscalía Europea puede constituir, por tanto, una manifestación europea especialmente visible de un problema más amplio: la distancia entre la dimensión macroeconómica estimada de la corrupción y la parte del fenómeno que los sistemas anticorrupción consiguen convertir en resultados efectivos, particularmente cuando intervienen actores situados dentro de las estructuras públicas.

Los datos europeos no permiten inferir que la misma brecha tenga idéntica magnitud en todos los Estados ni, mucho menos, a escala mundial. Sí muestran, sin embargo, la necesidad de incorporar una variable hasta ahora insuficientemente visible en la evaluación de resultados: la posición institucional de las personas investigadas.

La pregunta relevante deja entonces de ser únicamente cuánto investiga un sistema anticorrupción. Debe preguntarse también:

¿Qué proporción de un fenómeno de dimensión macroeconómica es detectada, comprobada, investigada, perseguida, sancionada y finalmente reducida, y cómo varían esos resultados cuando la posible corrupción afecta a funcionarios, responsables públicos u otros actores situados dentro de las propias estructuras institucionales?

Esta cuestión enlaza directamente la dimensión macroeconómica de la corrupción analizada en el primer artículo de la serie con los resultados estudiados en éste. También delimita una cuestión causal diferente que excede el objeto del presente trabajo: por qué determinadas informaciones, actores o dimensiones de la corrupción acceden a una investigación efectiva mientras otras no lo hacen. El análisis de los mecanismos institucionales que pueden producir esas diferencias requiere un estudio separado.

8. Corrupción real, observable, detectada y sancionada

Esta distinción conduce a un problema metodológico más profundo.

No deben confundirse cuatro magnitudes:

corrupción real ≠ corrupción observable ≠ corrupción detectada ≠ corrupción sancionada.

Estas diferencias tampoco tienen por qué distribuirse homogéneamente entre los distintos actores. La posición institucional de las personas potencialmente implicadas debe incorporarse como una variable de análisis: los resultados agregados pueden ocultar diferencias entre funcionarios y responsables públicos, operadores económicos y particulares en el paso desde la información hasta la investigación, persecución y sanción.

La corrupción detectada depende de la capacidad para observarla.

Y la capacidad para observarla depende, entre otras cosas, de las denuncias recibidas, de la disposición de las autoridades a comprobarlas, del acceso a información financiera, de la independencia institucional, de la protección de denunciantes, de la libertad de los periodistas, de la actuación de los abogados y de la calidad de los sistemas estadísticos.

Por ello, una disminución de los casos detectados puede significar menos corrupción.

Pero también puede significar menos detección.

Sin información adicional no es posible identificar automáticamente una situación con la otra.

La estimación de la corrupción no observada requiere métodos complementarios a los registros administrativos y judiciales. En consecuencia, las proporciones de corrupción detectada, investigada o sancionada respecto de la corrupción realmente existente no pueden calcularse directamente a partir del número de expedientes o condenas. Su estimación exige fuentes adicionales, hipótesis explícitas y una evaluación de la incertidumbre.

Estas distinciones permiten representar el problema como una cadena de transformación y pérdida. Entre la corrupción sistémica realmente existente y los resultados finales de la anticorrupción intervienen sucesivas brechas de observabilidad, comprobación, acceso a la investigación, investigación, persecución, condena y ejecución. El sistema puede reducir la corrupción, resultar ineficaz o, bajo determinadas condiciones, favorecer indirectamente su adaptación, continuidad o expansión.

Esquema analítico de transiciones y posibles pérdidas. Las fases pueden solaparse y no representan una secuencia procesal única. Las magnitudes macroeconómicas y los resultados institucionales no constituyen series directamente comparables

9. El déficit de información sobre los resultados

Las organizaciones internacionales dependen en gran medida de información producida por los propios Estados.

Esto genera dos dependencias diferentes:

dependencia de producción: el Estado debe generar, conservar y estructurar la información;
dependencia de cooperación: debe además proporcionarla a las organizaciones que evalúan sus resultados.

Si la información no se produce, se produce de manera fragmentaria, deja de publicarse o no se facilita, la organización internacional tampoco puede reconstruir adecuadamente la evolución de la corrupción.

Puede distinguirse así entre tres déficits:

información inexistente;
información fragmentada, incompleta o no comparable;
regresión informativa, cuando variables anteriormente disponibles desaparecen o pierden progresivamente detalle.

Debe distinguirse, además, entre información que no se produce, información que existe dentro de las instituciones pero no se publica y datos que se publican sin el nivel de desagregación necesario para evaluar los resultados. Estas situaciones plantean problemas diferentes de capacidad estadística, transparencia y comparabilidad.

Este problema introduce una limitación fundamental en cualquier evaluación internacional.

Conocimiento de la anticorrupción no equivale necesariamente a conocimiento de la corrupción.

La desagregación por posición institucional forma parte de este problema. Una estadística agregada puede informar del número total de investigaciones, procedimientos o sanciones y, al mismo tiempo, impedir determinar si funcionarios, responsables públicos, operadores económicos y particulares atraviesan las distintas fases del sistema con resultados diferentes. La ausencia de esa información limita no sólo la transparencia estadística, sino la posibilidad de evaluar la igualdad de funcionamiento del propio sistema anticorrupción.

Podemos conocer cada vez mejor las leyes, estrategias, instituciones y procedimientos creados para combatirla y continuar desconociendo una parte sustancial de la corrupción realmente existente.

10. América: La OEA y la necesidad tardía de medir la impunidad

La evolución del MESICIC resulta especialmente ilustrativa.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue adoptada en 1996 y el mecanismo de seguimiento comenzó a funcionar posteriormente. Durante décadas produjo informes, recomendaciones, visitas y herramientas de cooperación.

Sin embargo, el desarrollo de indicadores específicamente orientados a medir resultados relativos a la prevención, detección y reducción de la impunidad es mucho más reciente. La OEA aprobó una metodología para su elaboración en 2021 y adoptó los indicadores de la primera fase en 2022, publicados posteriormente en 2025. Ese mismo año publicó una segunda fase dedicada a la protección de denunciantes y testigos.

La cronología resulta significativa: aproximadamente un cuarto de siglo después de la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, su mecanismo de seguimiento avanzó hacia instrumentos específicos de medición de resultados.

El cambio metodológico es significativo.

Después de décadas de actividad anticorrupción, se hizo necesario construir indicadores capaces de responder preguntas mucho más próximas al resultado material:

¿se investiga?
¿se persigue?
¿se juzga?
¿se sanciona?
¿se ejecuta la sanción?
¿se protege a quien denuncia?

La evolución del MESICIC confirma la necesidad de diferenciar entre medir la arquitectura anticorrupción y medir sus resultados.

11. El FMI: más conocimiento institucional y persistencia de obstáculos

El Fondo Monetario Internacional reforzó en 2018 su marco de actuación sobre gobernanza y corrupción, incorporando una evaluación sistemática de vulnerabilidades relacionadas con funciones estatales fundamentales.

Su revisión de 2023 consideró que la intervención del Fondo se había vuelto ampliamente más sistemática, explícita y efectiva.

Pero la misma revisión identificó limitaciones relevantes.

El cumplimiento de los benchmarks relacionados con gobernanza fue considerado algo decepcionante. La implementación de determinados compromisos adoptados durante la pandemia fue desigual. El propio Fondo reconoció como obstáculos persistentes la capacidad limitada, la falta de apropiación y los intereses creados.

La revisión del FMI de 2023 identificó además una limitación particularmente reveladora: hasta el período examinado, sólo 13 países se habían ofrecido voluntariamente para que el Fondo evaluara sus marcos relativos a los aspectos transnacionales de la corrupción, una participación inferior a la esperada.

Esto muestra nuevamente la diferencia entre capacidad de conocimiento y acceso efectivo a la información necesaria para ejercerla.

Una organización internacional puede desarrollar instrumentos metodológicos cada vez más sofisticados y, simultáneamente, depender de la voluntad de los Estados para acceder a una parte de la realidad que pretende evaluar.

12. El eslabón más vulnerable: quienes permiten detectar la corrupción

La corrupción no se detecta sola.

Esta dependencia resulta especialmente relevante respecto de aquella parte de la corrupción que puede producirse dentro de las propias estructuras institucionales. Cuanto menor sea su observabilidad externa, mayor puede ser la importancia de las personas capaces de proporcionar, investigar, publicar o articular jurídicamente información que de otro modo no llegaría al sistema anticorrupción.

Antes de una investigación suelen existir personas capaces de observar, comunicar, investigar, publicar o jurídicamente articular información:

fuentes → denunciantes → periodistas → abogados → investigadores.

La eficacia de la anticorrupción depende de que esta cadena pueda funcionar.

La protección de denunciantes constituye por ello una infraestructura de detección, no simplemente una cuestión de derechos individuales.

Lo mismo ocurre con el periodismo de investigación y, en un plano diferente, con los abogados que permiten convertir información o denuncias en actuaciones jurídicas susceptibles de activar controles administrativos y judiciales.

Cuando estos actores sufren represalias, el efecto no se limita necesariamente al individuo afectado.

Puede modificar el comportamiento de otros posibles denunciantes, periodistas o profesionales.

13. De la protección formal a la protección efectiva

La existencia de legislación protectora tampoco demuestra por sí misma que la protección funcione.

Debe distinguirse:

protección normativa del denunciante ≠ protección efectiva del denunciante.

Su relevancia anticorrupción será especialmente elevada cuando las personas protegidas constituyan canales necesarios para hacer observable información relativa a posibles conductas de funcionarios o responsables públicos que difícilmente podría obtenerse desde fuera de las instituciones.

Y de forma semejante:

protección normativa del abogado ≠ protección efectiva del abogado.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos proporciona un ejemplo especialmente relevante.

En Rodríguez Ravelo contra España, el TEDH examinó la condena penal de un abogado por expresiones utilizadas en el contexto de su actuación profesional y consideró relevante el efecto disuasorio que una sanción penal podía producir sobre el ejercicio de la abogacía.

La importancia sistémica del razonamiento excede al abogado individual.

Una protección que sólo funciona después de años de procedimiento, recursos y costes puede terminar corrigiendo jurídicamente una condena y, al mismo tiempo, haber producido ya una parte importante de su efecto disuasorio.

Por ello, la evaluación de resultados debería incorporar una variable adicional:

Tasa de protección efectiva frente a represalias

¿Qué proporción de las represalias denunciadas contra quienes participan en la detección y revelación de posibles actos de corrupción recibe medidas efectivas de protección, qué proporción de las represalias acreditadas es detenida, anulada o reparada y cuánto tiempo transcurre hasta la adopción de esas medidas?

El tiempo vuelve a ser una variable de resultado.

La protección efectiva adquiere una importancia adicional cuando la información comunicada afecta a funcionarios o responsables públicos, especialmente si las conductas denunciadas son difícilmente observables desde el exterior de las instituciones. Denunciantes, periodistas y abogados pueden hacer posible que esa información llegue a ser conocida, comprobada e investigada. Las represalias y los costes profesionales desproporcionados pueden reducir no sólo su capacidad individual de actuación, sino también la probabilidad de que otras personas comuniquen información semejante. Por ello, la protección efectiva constituye una variable relevante de los resultados anticorrupción y no únicamente una garantía individual.

14. La paradoja del conocimiento anticorrupción

Existe finalmente una posibilidad que apenas ha sido considerada al evaluar treinta años de desarrollo institucional.

La arquitectura anticorrupción genera conocimiento.

Las organizaciones internacionales, gobiernos, fiscales, policías, jueces, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil estudian cómo se produce la corrupción, qué indicadores permiten detectarla, qué operaciones financieras despiertan sospechas, qué sistemas de control funcionan, qué mecanismos de denuncia existen y cómo se desarrollan las investigaciones.

Este conocimiento resulta necesario para combatir la corrupción.

Pero una parte sustancial de ese conocimiento es necesariamente pública.

Normas, protocolos, informes, evaluaciones, recomendaciones, jurisprudencia, metodologías, indicadores, vulnerabilidades detectadas y reformas institucionales explican progresivamente cómo funciona el sistema anticorrupción.

La información no sólo está disponible para quienes combaten la corrupción. También puede estar disponible para quienes pretenden eludir sus controles. Surge así una posible paradoja del conocimiento anticorrupción:

más conocimiento institucional sobre cómo combatir la corrupción no implica necesariamente más conocimiento público sobre la corrupción realmente existente y puede, bajo determinadas condiciones, facilitar el aprendizaje de quienes desarrollan conductas corruptas.

El mecanismo posible sería dinámico:

corrupción → detección → investigación → aprendizaje institucional → nuevos controles → conocimiento público de los controles → posible adaptación de las conductas corruptas → menor detectabilidad → nuevas técnicas de investigación.

No se afirma que el desarrollo de la anticorrupción produzca necesariamente más corrupción. La hipótesis es diferente.

Determinadas configuraciones de la anticorrupción pueden favorecer indirectamente la adaptación, sofisticación, ocultación o reproducción de conductas corruptas cuando el conocimiento generado por los sistemas de control aumenta más rápidamente que su capacidad efectiva para detectar, investigar y sancionar las formas adaptadas de corrupción.

En esas condiciones, cabe formular la hipótesis de que determinados sistemas anticorrupción pueden generar procesos de aprendizaje adversarial, mediante los cuales quienes desarrollan conductas corruptas utilizan información sobre los controles existentes y sus limitaciones para modificar sus prácticas. La existencia, intensidad y consecuencias de estos procesos requieren comprobación empírica.

15. ¿Puede la anticorrupción favorecer determinadas conductas corruptas?

La posibilidad anterior obliga a ampliar la pregunta inicial.

Hasta ahora el análisis suele plantearse en términos binarios: la política anticorrupción funciona o no funciona.

Pero existe una tercera posibilidad: puede producir efectos contraproducentes.

Esto ya aparece parcialmente en el diagnóstico de la Comisión Europea de 2014. La Comisión observaba que determinadas agencias anticorrupción podían desempeñar incluso un papel negativo cuando su existencia generaba la impresión de que las restantes autoridades ya no tenían que asumir su parte de responsabilidad.

El principio puede extenderse.

Una arquitectura anticorrupción podría, bajo determinadas condiciones:

generar una apariencia de control superior al control realmente existente;
concentrar la atención en conductas fácilmente medibles mientras otras permanecen fuera del campo observable o determinados actores permanecen insuficientemente diferenciados dentro de estadísticas agregadas;
enseñar indirectamente qué comportamientos son detectados y cuáles permanecen fuera de los mecanismos de control;
desplazar las conductas corruptas hacia mecanismos jurídicos, financieros u organizativos más sofisticados;
desincentivar la denuncia cuando quienes comunican información sufren costes superiores a los soportados por quienes son denunciados;
y favorecer la continuidad o reproducción de determinadas conductas cuando la probabilidad percibida de investigación, sanción y pérdida de los beneficios obtenidos continúa siendo reducida.

En estas condiciones, una política anticorrupción insuficientemente efectiva puede favorecer indirectamente determinadas conductas corruptas, no porque ése sea su objetivo, sino porque modifica los incentivos y proporciona información sobre los límites efectivos del sistema de control.

Estos efectos potenciales adquieren especial relevancia cuando existe una distancia considerable entre la severidad formal de las normas y su aplicación efectiva. En tales circunstancias, la prohibición jurídica puede transmitir una señal de riesgo elevado mientras la probabilidad percibida de detección, sanción y pérdida de los beneficios obtenidos permanece reducida. La evaluación de resultados debe examinar también esta diferencia entre el riesgo jurídico declarado y el riesgo efectivo.

16. El resultado que falta medir

Treinta años después, la arquitectura anticorrupción permite medir con considerable detalle lo que las instituciones hacen.

Sabemos cuántas convenciones existen.

Cuántas recomendaciones se formulan.

Cuántas leyes se aprueban.

Cuántas agencias se crean.

Cuántos informes se publican.

Cuántas denuncias se reciben.

En determinados ámbitos sabemos también cuántas investigaciones se abren, cuántas condenas se producen y cuánto dinero se congela.

Pero seguimos disponiendo de información mucho más limitada para responder a preguntas diferentes:

¿Qué proporción de la corrupción existente se detecta?
¿Qué proporción de la información suficientemente concreta se comprueba?
¿Cuánta corrupción denunciada accede realmente a una investigación material?
¿Cómo varía ese acceso según la posición institucional de las personas potencialmente implicadas?
¿Qué proporción de las investigaciones, persecuciones, condenas y sanciones corresponde a funcionarios y responsables públicos, operadores económicos y particulares?
¿Qué proporción termina en sanciones efectivamente ejecutadas?
¿Cuánto patrimonio ilícito se recupera realmente?
¿Cuántos denunciantes sufren represalias?
¿Cuántas de esas represalias son detenidas y reparadas?
¿Cuántos abogados o periodistas dejan de actuar por el coste esperado?
¿Cuánta corrupción cambia de forma para eludir los controles existentes?
¿Y cuánto se ha reducido finalmente la corrupción?

Estas son preguntas de resultados.

No todas estas preguntas pueden responderse mediante los mismos instrumentos. Algunas requieren estadísticas administrativas y judiciales desagregadas; otras exigen información sobre el tratamiento de denuncias, la duración de los procedimientos, la ejecución de sanciones y la recuperación de activos. La estimación de la corrupción no observada, de las represalias no denunciadas y de las modificaciones de conducta destinadas a eludir controles requiere métodos complementarios. Por ello, la evaluación debe distinguir entre resultados directamente observables, resultados que pueden reconstruirse mediante información adicional y dimensiones cuya estimación está sujeta a una incertidumbre considerable.

17. Treinta años después

La arquitectura internacional contemporánea contra la corrupción ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional. Las convenciones, los mecanismos de seguimiento, las agencias especializadas y los instrumentos de cooperación han ampliado las capacidades de prevención, detección, investigación, persecución y recuperación de activos. No puede concluirse que estos avances carezcan de efectos. Sin embargo, tampoco puede identificarse la expansión de la arquitectura anticorrupción con una reducción equivalente de la corrupción.

La evidencia examinada muestra reiteradamente la distancia entre normas e implementación, entre actividad institucional y resultados efectivos, entre información recibida y acceso a una investigación material, entre investigaciones y recuperación económica, y entre protección jurídica y protección efectiva. La Comisión Europea ya advertía en 2014 que las intenciones declaradas permanecían demasiado alejadas de los resultados concretos. La OCDE continúa identificando en 2026 una brecha considerable entre regulación e implementación. El FMI reconoce obstáculos relacionados con la capacidad institucional, la apropiación de las reformas y los intereses creados. La OEA ha desarrollado indicadores destinados a evaluar resultados relativos a la prevención, detección, persecución, sanción e impunidad.

Estas limitaciones adquieren una dimensión mayor cuando se relacionan con la magnitud del fenómeno que los sistemas anticorrupción pretenden combatir. El primer artículo de esta serie examinó las estimaciones internacionales que permiten considerar la corrupción como un fenómeno de dimensión macroeconómica. El presente artículo muestra que no existe una medición equivalente, suficientemente completa y comparable, que permita determinar qué proporción de ese fenómeno llega a ser observable, detectada, comprobada, investigada, perseguida, sancionada y finalmente reducida.

Surge así una brecha general de conocimiento y medición entre la dimensión estimada de la corrupción y los resultados anticorrupción que pueden identificarse. Esta brecha no constituye una diferencia cuantificada entre magnitudes directamente comparables, sino una limitación fundamental de los instrumentos disponibles para evaluar la eficacia de los sistemas anticorrupción.

Dentro de esta brecha general aparece una cuestión específica: qué sucede cuando la posible corrupción afecta a funcionarios, responsables públicos u otros actores situados dentro de las propias estructuras institucionales. Las estadísticas examinadas, especialmente las de OLAF y la Fiscalía Europea, permiten identificar actividades y resultados relevantes, pero no reconstruir de manera suficientemente completa y comparable las sucesivas etapas del sistema según la posición institucional de las personas potencialmente implicadas.

Esta limitación no demuestra por sí misma que los funcionarios o responsables públicos reciban un tratamiento favorable. Sí impide determinar adecuadamente si la detección, la comprobación, el acceso a la investigación, la persecución y la sanción presentan diferencias sistemáticas entre distintas categorías de actores. La posición institucional debe incorporarse, por tanto, como una variable específica en la evaluación de resultados.

El análisis muestra asimismo que la protección efectiva de denunciantes, periodistas, abogados y otras personas que contribuyen a revelar posibles conductas corruptas no constituye únicamente una cuestión de derechos individuales. Su capacidad de actuación influye en la información que puede llegar a ser conocida, comprobada e investigada. Las represalias y los costes asociados a la revelación de información pueden afectar tanto a las personas directamente implicadas como al comportamiento de otras posibles fuentes.

A estas limitaciones se añade una hipótesis que requiere investigación adicional. Determinados sistemas anticorrupción pueden producir efectos contraproducentes cuando sus mecanismos de control son conocidos, pero su aplicación resulta insuficiente. En tales condiciones, la información generada por la propia arquitectura anticorrupción y las diferencias entre prohibición formal y riesgo efectivo pueden favorecer indirectamente la adaptación, sofisticación u ocultación de determinadas conductas corruptas.

Esto no significa que combatir la corrupción produzca necesariamente más corrupción. Significa que la evaluación de una política anticorrupción debe considerar, además de sus resultados directos, sus posibles efectos no intencionados y la capacidad de las conductas corruptas para adaptarse a los mecanismos establecidos para combatirlas.

Treinta años de lucha internacional contra la corrupción permiten formular, por tanto, una conclusión y dos preguntas.

La conclusión es que la expansión de la arquitectura anticorrupción no constituye, por sí misma, evidencia de una reducción equivalente de la corrupción. Aunque se han desarrollado instrumentos jurídicos, instituciones y capacidades de actuación, persiste una brecha fundamental entre el conocimiento disponible sobre la dimensión macroeconómica del fenómeno y la información necesaria para medir sus resultados efectivos. Tampoco disponemos de información suficientemente completa y comparable para determinar cómo varían esos resultados según la posición institucional de las personas potencialmente implicadas.

La primera pregunta es qué proporción de la corrupción realmente existente consigue ser observada, detectada, comprobada, investigada, perseguida, sancionada y finalmente reducida, y cómo varía ese recorrido cuando las posibles conductas corruptas afectan a funcionarios, responsables públicos, operadores económicos u otros particulares.

La segunda pregunta es por qué se producen y persisten esas brechas, qué mecanismos institucionales y sociales influyen en ellas y bajo qué condiciones los sistemas anticorrupción pueden favorecer indirectamente la adaptación, ocultación o reproducción de determinadas conductas corruptas.

Responder a esta segunda pregunta exige pasar del análisis de los resultados a los mecanismos que los producen. Y conduce directamente a la siguiente cuestión de esta investigación: ¿quién corrompe a los corruptos y qué estructuras permiten que la corrupción se reproduzca?

Experiencia y conocimiento acumulado del autor

Este programa de investigación es el resultado de un proceso acumulativo de más de quince años de experiencia práctica, observación e investigación sobre la corrupción y el funcionamiento de los mecanismos institucionales y anticorrupción. Durante este período, la experiencia directa del autor en la denuncia y comunicación de información relativa a posibles casos de corrupción ante instituciones españolas, europeas e internacionales se amplió mediante la promoción y dirección de distintas iniciativas asociativas: como presidente de una asociación de personas afectadas por actuaciones institucionales, como único promotor y presidente de una federación de asociaciones y como único promotor y presidente de una alianza integrada por asociaciones y un movimiento social. Esta actividad le permitió conocer y abordar situaciones que afectaban a otras personas y organizaciones, desarrollar actuaciones ante distintas instituciones y compartir proyectos y experiencias con otros responsables sociales.

Esta trayectoria produjo un proceso progresivo y acumulativo de conocimiento. La experiencia práctica planteó nuevas cuestiones que llevaron a nuevas investigaciones; estas ampliaron el conocimiento disponible y, a su vez, condujeron a investigar otros problemas, reconsiderar cuestiones previamente analizadas y establecer relaciones entre fenómenos que habitualmente se estudian por separado. Este proceso ha influido no sólo en las cuestiones abordadas por la investigación, sino también en la forma de plantearlas, las fuentes y datos examinados, las relaciones establecidas entre ellos y el marco analítico mediante el cual se interpreta la evidencia.

La investigación resultante ha conectado progresivamente la dimensión macroeconómica de la corrupción con su carácter sistémico, las brechas existentes entre el fenómeno y su criminalización, las brechas en el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, sus resultados mensurables y los mecanismos mediante los cuales la corrupción puede adaptarse, persistir, reproducirse y contribuir a transformaciones institucionales, económicas, políticas y sociales. De este modo, el conocimiento acumulado del autor ha contribuido a orientar una investigación que no se limita a estudiar conductas corruptas individuales, sino que examina conjuntamente la dimensión y naturaleza del fenómeno, las estructuras en las que se desarrolla y los sistemas creados para combatirlo.

Los casos concretos conocidos por el autor a través de esta experiencia no forman parte de la evidencia empírica utilizada en los siete artículos de la Parte I de la serie. Su base empírica está constituida por las fuentes documentales, los datos oficiales y la evidencia publicada citados en cada artículo. La experiencia y el conocimiento acumulado del autor han contribuido, en cambio, a identificar las preguntas que debían formularse, seleccionar las dimensiones que debían investigarse, relacionar evidencia producida en diferentes contextos institucionales y disciplinares e integrar esos elementos en el marco analítico desarrollado a lo largo de la serie.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Durante la preparación de este artículo, el autor utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo a la investigación y elaboración del manuscrito. Su utilización incluyó la localización y examen de información adicional, el análisis y comparación de documentos y datos, el contraste de relaciones entre fuentes, la exploración de interpretaciones alternativas, la organización de materiales, la revisión de la estructura y coherencia argumental, la asistencia en la redacción y el apoyo a la traducción.

La herramienta también se utilizó como interlocutor analítico en un proceso iterativo dirigido por el autor. Las preguntas de investigación, el marco interpretativo y un amplio conjunto inicial de fuentes y evidencias procedían de su investigación y conocimiento acumulado. El autor orientó la selección de fuentes y la incorporación de documentación adicional, incluidos los informes de OLAF y la Fiscalía Europea.

Las respuestas generadas con asistencia de inteligencia artificial fueron sometidas a evaluación crítica por el autor. La herramienta no constituye una fuente de evidencia ni una autoridad que sustituya las fuentes documentales citadas.

El autor ha revisado y aprobado el manuscrito final y asume plena responsabilidad por su contenido.

SERIE CORRUPCIÓN. Parte 1

Sin corrupción no habría deuda pública. Corrupción macroeconómica. https://doi.org/10.5281/zenodo.21994962
CORRUPCIÓN SISTÉMICA. Desde las consecuencias institucionales a la transformación del sistema. https://doi.org/10.5281/zenodo.21995042
LA BRECHA DE TIPIFICACIÓN PENAL DE LA CORRUPCIÓN. La impunidad puede comenzar antes de la persecución. https://doi.org/10.5281/zenodo.22733321
TRES BRECHAS EN LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 30 años de normas, incumplimiento y aplicación insuficiente. https://doi.org/10.5281/zenodo.23019678
30 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ¿Cuáles han sido los resultados? https://doi.org/10.5281/zenodo.23334247
HACIA UNA DEFINICIÓN ESTRUCTURADA DE LA CORRUPCIÓN. https://doi.org/10.5281/zenodo.23684963
¿QUIÉN CORROMPE A LOS CORRUPTOS? Del corruptor individual a la selección y reproducción de los corruptos (Próxima publicación)

Los siete primeros artículos desarrollan un análisis integrado de la dimensión macroeconómica y sistémica de la corrupción, su marco jurídico e institucional, los resultados de la lucha contra la corrupción y su definición, concluyendo con un análisis de los actores y estructuras que corrompen y reproducen la corrupción.

INVESTIGACIONES PREVIAS EN LAS QUE SE APOYA LA SERIE

30 años de marcos anticorrupción: una desalineación estructural entre definición, escala y resultados. https://doi.org/10.5281/zenodo.19357789
Otros papers del mismo autor en inglés

MARCO HISTÓRICO-ESTRUCTURAL RELACIONADO

Marco histórico-estructural sobre las cinco transformaciones sociales derivadas de la evolución de las estructuras de poder y del dinero durante los últimos dos siglos y medio.

Marzal, J. (2026). El auge del macroestado: Convergencia estructural entre el poder y el dinero en la Era Contemporánea. https://doi.org/10.5281/zenodo.19354355.

Javier Marzal

ORCID: 0009-0009-4373-8068