Treinta años después de la convergencia internacional anticorrupción de 1996, las definiciones generales de corrupción continúan presentando limitaciones respecto al conocimiento acumulado por las propias organizaciones internacionales sobre sus dimensiones sistémicas, macroeconómicas e institucionales.

Este artículo examina siete limitaciones de las definiciones actuales y analiza las aportaciones de la Comisión de Venecia, especialmente el cumplimiento del Derecho y la prevención del abuso de poder, junto con las incongruencias entre los perjuicios reconocidos y su tratamiento en la Directiva (UE) 2026/1021. El análisis relaciona estas insuficiencias con las brechas de tipificación penal, normativa, de cumplimiento y de aplicación examinadas en los artículos anteriores de la serie.

A partir de estos fundamentos, se propone una definición estructurada de la corrupción de autoridades y funcionarios públicos basada en el abuso del poder o de las funciones -incluida la utilización de la posición institucional fuera de las funciones encomendadas- o el incumplimiento del Derecho, mediante acciones u omisiones.

La amplitud de la definición es deliberada: no exige beneficios, perjuicios ni umbrales de gravedad y distingue la identificación conceptual de la corrupción de su posterior tratamiento jurídico, incluida la tipificación penal. La propuesta pretende contribuir a una comprensión más completa de la corrupción pública y a superar las insuficiencias de los instrumentos destinados a combatirla.

Palabras clave: Corrupción pública; definición de corrupción; abuso de poder; incumplimiento del Derecho; imperio de la ley; Comisión de Venecia; Directiva (UE) 2026/1021; brecha de tipificación penal; corrupción sistémica; corrupción macroeconómica.

1. Una definición que ha evolucionado sin llegar a definir completamente el fenómeno

En 1996 se produjo una significativa convergencia en la construcción del marco internacional anticorrupción, tanto desde las organizaciones intergubernamentales como desde la sociedad civil.

El Banco Mundial contribuyó a difundir una concepción centrada en el abuso del cargo público para obtener beneficios privados (abuse of public office for private gain). Transparency International, desde la sociedad civil, utilizó inicialmente una formulación semejante, centrada en el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados (misuse of public power for private benefit). Ese mismo año, la Organización de los Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana contra la Corrupción, que identificó conductas y estableció obligaciones internacionales para combatirlas.

Esta convergencia no implicaba que las organizaciones compartieran una definición jurídica idéntica, pero muestra que la conceptualización contemporánea de la corrupción se desarrolló simultáneamente desde el ámbito intergubernamental y desde la sociedad civil.

Posteriormente, Transparency International amplió su definición al abuso del poder confiado para obtener beneficios privados (abuse of entrusted power for private gain), superando así su restricción inicial al poder público.

Sin embargo, la ampliación del ámbito subjetivo no resolvió otras limitaciones de estas formulaciones, especialmente su concentración en el beneficio privado, la ausencia de una referencia expresa al incumplimiento del Derecho y la insuficiente incorporación de las consecuencias institucionales, macroeconómicas y sistémicas de la corrupción.

Treinta años después, las organizaciones internacionales han desarrollado numerosas normas, recomendaciones y mecanismos anticorrupción. No obstante, sus definiciones generales continúan siendo considerablemente más breves que el conocimiento acumulado sobre el fenómeno.

La cuestión es si estas definiciones permiten comprender suficientemente la corrupción que las propias organizaciones identifican en sus análisis y pretenden combatir mediante sus instrumentos.

2. La corrupción como delito

La cuestión adquiere especial relevancia porque la Unión Europea sitúa la corrupción en el ámbito penal y sus Tratados la incluyen entre los ámbitos delictivos de especial gravedad con dimensión transfronteriza.

La Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción profundiza en esta concepción. Su quinto considerando caracteriza la corrupción como un fenómeno fundamentalmente delictivo, aunque también reconoce la importancia de las infracciones de integridad y de los conflictos de intereses.

Sin embargo, la definición general de corrupción no debe quedar subordinada a los requisitos establecidos para su criminalización.

Para avanzar hacia una definición estructurada conviene distinguir tres cuestiones:

¿Quién interviene?
¿Qué hace o deja de hacer?
¿A quién beneficia o perjudica la conducta?

Las dos primeras permiten identificar los sujetos y las conductas. La tercera contribuye a comprender sus consecuencias y a orientar su tratamiento, incluida la tipificación penal.

Esta distinción resulta fundamental: los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad penal no tienen necesariamente que convertirse en límites de la definición general del fenómeno.

Una definición suficientemente amplia puede servir de referencia para examinar las insuficiencias de la legislación vigente, orientar su desarrollo y contribuir a la interpretación de las conductas comprendidas en los delitos de corrupción, siempre con respeto a las garantías y principios del Derecho penal.

3. Las organizaciones internacionales: entre el reconocimiento de la corrupción y las limitaciones de su tratamiento

3.1. Naciones Unidas, OEA, Consejo de Europa y OCDE

Los cuatro primeros artículos de esta serie han examinado distintas dimensiones de la corrupción y las insuficiencias de su tratamiento internacional.

Los dos primeros abordaron sus dimensiones macroeconómica y sistémica, a partir de las cifras oficiales disponibles y de los diagnósticos de las propias organizaciones internacionales.

El tercero examinó la brecha de tipificación penal, es decir, la distancia entre el reconocimiento de la corrupción como fenómeno sistémico y el tratamiento penal centrado principalmente en determinadas conductas individuales.

El cuarto analizó las brechas normativa, de cumplimiento y de aplicación de los instrumentos internacionales anticorrupción, considerando, entre otros, los marcos de Naciones Unidas, la OEA, el Consejo de Europa, la OCDE y la Unión Europea.

Estas investigaciones muestran que las organizaciones internacionales han acumulado conocimientos sobre la corrupción que exceden los supuestos comprendidos en sus definiciones generales y en determinados instrumentos destinados a combatirla.

Las limitaciones de las definiciones no deben interpretarse como desconocimiento del fenómeno por parte de esas organizaciones. Al contrario, buena parte de los elementos necesarios para avanzar hacia una definición más completa ya se encuentra en sus propios análisis, normas, recomendaciones y criterios institucionales.

Dos instrumentos europeos permiten examinar especialmente bien esta cuestión.

3.2. El Consejo de Europa: la Comisión de Venecia y la protección del imperio de la ley

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en Derecho constitucional.

Sus Criterios de verificación del Estado de derecho proporcionan un marco especialmente relevante para comprender la corrupción pública más allá de los delitos tradicionalmente tipificados.

La Comisión sitúa el cumplimiento del Derecho por las autoridades públicas y la prevención del abuso de poder entre los componentes esenciales del imperio de la ley. También examina expresamente la corrupción y los conflictos de intereses, las obligaciones de prevención, el cumplimiento de las normas y la efectividad de las medidas destinadas a combatirlos.

Las autoridades públicas deben actuar sobre la base del Derecho y de conformidad con él. El ejercicio del poder no constituye una autorización autónoma para actuar, sino una capacidad jurídicamente delimitada.

El concepto de Derecho no se limita a la legislación ordinaria. Comprende la Constitución, las obligaciones internacionales, la legislación y las normas aplicables, así como, cuando corresponda, las decisiones judiciales vinculantes.

Este enfoque permite relacionar dos elementos que frecuentemente aparecen separados en las definiciones de corrupción: el abuso del poder y el incumplimiento del Derecho.

La Comisión de Venecia también permite comprender la dimensión institucional de la corrupción. El deterioro del cumplimiento del Derecho y el abuso de poder afectan al funcionamiento de las instituciones, a la igualdad ante la ley y a la protección de las personas frente a actuaciones arbitrarias.

El imperio de la ley, la democracia y los derechos humanos constituyen principios fundamentales interrelacionados, cuya protección depende, entre otras condiciones, del sometimiento de las autoridades públicas al Derecho.

Por tanto, la corrupción pública no debe examinarse exclusivamente desde la perspectiva de los beneficios obtenidos por sus participantes o de los perjuicios económicos causados. También debe considerarse su incidencia sobre las obligaciones de las instituciones y sobre los bienes jurídicos colectivos que estas deben proteger.

Los criterios de la Comisión de Venecia proporcionan así un fundamento para ampliar el análisis de la corrupción pública, aunque no establecen literalmente la definición que se propone en este artículo.

3.3. La Unión Europea: el reconocimiento de los perjuicios y las limitaciones de su tratamiento

La Directiva (UE) 2026/1021 sobre la lucha contra la corrupción permite observar una incongruencia especialmente significativa entre el reconocimiento de las consecuencias de la corrupción y su integración en los instrumentos destinados a combatirla.

Su considerando 17 reconoce que el ejercicio ilícito de funciones públicas puede socavar la confianza de los ciudadanos, el imperio de la ley y la equidad económica, además de perjudicar gravemente el interés público y los derechos o intereses legítimos de las personas.

El considerando 19 también reconoce las consecuencias perjudiciales que la corrupción puede ocasionar a la sociedad.

Por otra parte, el artículo 5, relativo a la malversación y apropiación indebida, contempla alternativamente la obtención de una ventaja para el funcionario público o para otra persona o entidad y el perjuicio de los intereses financieros de la entidad afectada. No exige que concurran simultáneamente beneficio y perjuicio.

Estas disposiciones muestran que la propia Unión Europea reconoce consecuencias de la corrupción que exceden ampliamente la obtención de beneficios privados. Incluyen perjuicios individuales, económicos, sociales e institucionales, algunos de los cuales afectan directamente a los bienes jurídicos colectivos destacados por la Comisión de Venecia.

Sin embargo, este reconocimiento no se integra de manera equivalente en una definición general de corrupción ni en todos los instrumentos utilizados para su tratamiento. En particular, las disposiciones penales de la Directiva vinculan los perjuicios a determinadas conductas delictivas y establecen requisitos específicos para su criminalización.

La diferencia es especialmente relevante en el ámbito penal: mientras los considerandos reconocen consecuencias que afectan al imperio de la ley, la confianza institucional, el interés público y la sociedad, las disposiciones de criminalización no establecen una protección penal general de todos esos bienes frente a cualquier conducta corrupta.

Esto no significa que la Directiva deba criminalizar cualquier infracción jurídica ni que sus considerandos constituyan por sí mismos tipos penales. Significa que existe una diferencia entre la amplitud de los daños reconocidos y el alcance de las conductas sometidas a criminalización.

Esta incongruencia permite identificar una manifestación adicional de la brecha de tipificación examinada en el artículo tercero de esta serie, relacionada también con las brechas normativa, de cumplimiento y de aplicación analizadas en el cuarto.

Pero sus consecuencias no se limitan al Derecho penal. Una definición general insuficiente también puede condicionar la prevención, la identificación de conductas corruptas, la supervisión institucional, la evaluación de las políticas anticorrupción y el análisis jurídico de los hechos.

El contraste entre ambos instrumentos europeos pone de manifiesto una cuestión central: el conocimiento institucional de la corrupción y de sus consecuencias es más amplio que su integración en las definiciones generales y en determinados mecanismos destinados a combatirla.

Esta diferencia justifica examinar una definición de corrupción pública que integre el abuso del poder o de las funciones y el incumplimiento del Derecho, sin quedar subordinada a los límites de los delitos actualmente tipificados.

4. Siete limitaciones de las definiciones actuales

El contraste entre los instrumentos examinados y las definiciones internacionales permite identificar siete limitaciones principales.

La primera afecta al beneficio privado. La expresión «beneficio privado» (private gain) identifica una posible finalidad o consecuencia de la corrupción, pero no incorpora expresamente los perjuicios que esta puede producir. Además, una definición general no tiene necesariamente que exigir la identificación de un beneficio.

La segunda afecta al abuso de poder. La expresión «abuso de poder» (abuse of power) es amplia y útil, pero no incorpora explícitamente el incumplimiento del Derecho como elemento diferenciado. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción contempla, en su artículo 19, el abuso de funciones como una conducta específica cuya criminalización deben considerar los Estados parte. Este supuesto penal no agota el concepto general de abuso de poder.

La tercera afecta al concepto de funciones. Vincular una conducta exclusivamente a actos realizados en el ejercicio de las funciones formalmente atribuidas puede resultar insuficiente. Una autoridad puede utilizar su cargo sin estar realizando una de las funciones que tenga encomendadas. Puede utilizar la influencia, información, recursos, relaciones, acceso, capacidad decisoria o protección institucional derivados de su posición. El tráfico de influencias constituye un ejemplo de la importancia que puede adquirir el poder asociado a una posición institucional.

La cuarta afecta a las acciones y omisiones. La corrupción no se produce únicamente mediante la realización de actuaciones prohibidas. También puede producirse mediante el incumplimiento de obligaciones jurídicas de actuación. Los instrumentos anticorrupción reconocen determinadas conductas omisivas, aunque sus definiciones generales no siempre explicitan esta dimensión.

La quinta afecta a la distribución de responsabilidades. Las organizaciones contemporáneas distribuyen decisión, ejecución, información, supervisión y control entre numerosas personas y órganos. La dificultad para identificar inmediatamente al ejecutor material no demuestra que la conducta no haya existido.

La distribución de funciones distribuye obligaciones y ámbitos de responsabilidad; no los elimina. Su atribución jurídica debe realizarse posteriormente conforme a los requisitos y garantías aplicables.

La sexta afecta a la heterogeneidad de las conductas contempladas. Las convenciones internacionales, las legislaciones nacionales y los instrumentos de las organizaciones internacionales no establecen siempre los mismos límites entre corrupción, delitos de corrupción y conductas relacionadas con ella. La diversidad de sus ámbitos y finalidades contribuye a estas diferencias, pero también dificulta disponer de una comprensión general homogénea del fenómeno.

La séptima afecta a la escala y al tratamiento de la corrupción. Las definiciones centradas en el beneficio privado describen especialmente bien determinadas relaciones entre quien posee poder y quien obtiene una ventaja. Resultan menos completas cuando los beneficios están concentrados y los perjuicios se distribuyen entre instituciones, economías o sociedades enteras.

Los dos primeros artículos de esta serie mostraron esta cuestión desde perspectivas complementarias: la dimensión macroeconómica de la corrupción y sus consecuencias sistémicas e institucionales.

Estas siete limitaciones permiten identificar una insuficiencia transversal: las definiciones generales no integran plenamente el conocimiento acumulado sobre las conductas corruptas, sus participantes y sus consecuencias.

A ello se añade una distinción fundamental entre la definición conceptual y la tipificación penal. Los requisitos de gravedad, intencionalidad, beneficio o perjuicio que puedan establecerse para determinados delitos no tienen necesariamente que convertirse en condiciones de una definición general de corrupción.

Estas observaciones no implican que las definiciones internacionales sean incorrectas. Indican que la evolución de las propias normas y análisis anticorrupción ha incorporado elementos que sus definiciones generales todavía no integran suficientemente.

5. ¿Quién puede intervenir en la corrupción?

La identificación de los sujetos exige distinguir entre la corrupción pública, la participación de particulares en ella y la corrupción que puede producirse exclusivamente en el ámbito privado.

Este artículo se concentra en la primera.

Las autoridades y funcionarios públicos ocupan una posición institucional específica: ejercen poderes o desempeñan funciones sometidos al Derecho y vinculados a obligaciones de servicio público.

Sin embargo, la corrupción pública puede involucrar a personas que no ejercen funciones públicas.

Empresarios, organizaciones, grupos organizados y particulares pueden promover, organizar, financiar, facilitar, encubrir o participar en las conductas corruptas de las autoridades y funcionarios públicos.

La participación privada no exige que sus protagonistas ocupen cargos públicos ni significa que su responsabilidad jurídica sea idéntica a la de quienes los ejercen.

Las organizaciones plantean, además, una dificultad particular.

Una decisión puede ser adoptada por un órgano, preparada técnicamente por otro, ejecutada por un tercero y supervisada por distintos niveles jerárquicos. Los beneficiarios pueden encontrarse fuera de la estructura que adopta o ejecuta la decisión.

Por ello deben diferenciarse la existencia de la conducta corrupta, su eventual dimensión organizativa y la atribución de responsabilidades individuales.

La imposibilidad de identificar inmediatamente a una persona física responsable no demuestra por sí misma la inexistencia de corrupción.

Tampoco la distribución de funciones dentro de una organización excluye las obligaciones de quienes tienen atribuidas responsabilidades de dirección, prevención, supervisión o control.

El incumplimiento de estas obligaciones puede producirse mediante acciones u omisiones. Su eventual responsabilidad penal deberá establecerse conforme a los requisitos jurídicos aplicables, sin que estos requisitos limiten por sí mismos la definición general del fenómeno.

La definición específica de la corrupción privada requiere un análisis diferenciado, entre otras razones porque los bienes jurídicos protegidos y las obligaciones de sus participantes no son necesariamente los mismos. Su desarrollo queda fuera del objeto de este artículo.

6. ¿Qué conductas pueden constituir corrupción?

El segundo elemento es la conducta.

Los instrumentos internacionales han identificado progresivamente numerosos comportamientos relacionados con la corrupción: cohecho activo y pasivo, soborno transnacional, malversación o apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros.

También pueden intervenir conductas instrumentales o conexas, como la utilización indebida de información o recursos, el fraude, la colusión, determinadas formas de financiación política ilícita, el blanqueo, el encubrimiento y la obstrucción a la justicia.

Estas últimas no constituyen necesariamente, por sí mismas y en cualquier circunstancia, actos originarios de corrupción.

No parece conveniente que una definición general dependa de un catálogo cerrado de delitos. La evolución de las últimas décadas demuestra precisamente que los ordenamientos jurídicos han ido incorporando y modificando las conductas tipificadas.

En la corrupción pública, el elemento común puede buscarse en dos dimensiones relacionadas: el abuso del poder o de las funciones y el incumplimiento del Derecho.

La primera comprende la utilización abusiva del poder o de las funciones, incluida la utilización del cargo, posición o capacidad institucional en actividades distintas de las funciones encomendadas.

La segunda comprende el incumplimiento de las obligaciones jurídicas aplicables mediante acciones u omisiones.

La utilización del cargo, posición o capacidad institucional permite superar una interpretación excesivamente restrictiva de la expresión «en el ejercicio de sus funciones».

Lo relevante no es únicamente si la actuación formaba parte de las competencias ordinarias del autor, sino también si utilizó el poder, influencia, información, medios, acceso o protección derivados de su posición.

Estas dimensiones permiten formular una definición general de corrupción pública sin reducirla a los delitos actualmente tipificados.

7. Beneficios, perjuicios e interés general en el tratamiento de la corrupción

Los beneficios y perjuicios son especialmente relevantes para comprender las consecuencias de la corrupción y para su tratamiento jurídico, incluida la tipificación penal. Sin embargo, no constituyen requisitos necesarios de la definición general que se propone en este artículo.

Los beneficios indebidos pueden ser económicos, patrimoniales, profesionales, políticos, institucionales o personales. Pueden favorecer al propio autor o a otras personas, grupos, organizaciones o instituciones.

Los perjuicios pueden afectar a personas, colectivos, organizaciones, instituciones, economías, sociedades o sistemas de alcance nacional o global.

Una misma conducta puede generar beneficios concentrados y perjuicios distribuidos entre millones de personas. También puede producir beneficios inmediatos y perjuicios posteriores.

Esta dimensión resulta especialmente relevante para comprender las consecuencias macroeconómicas y sistémicas examinadas en los primeros artículos de esta serie.

La legislación penal debe considerar tanto los beneficios indebidamente obtenidos como los perjuicios indebidamente causados, sin exigir necesariamente la concurrencia de ambos.

La Directiva (UE) 2026/1021 ofrece un ejemplo en su regulación de la malversación y apropiación indebida, al contemplar alternativamente determinadas ventajas o perjuicios financieros.

Pero el tratamiento de la corrupción pública no puede limitarse a los beneficios y perjuicios patrimoniales o individuales.

Adquiere especial relevancia el perjuicio causado al interés general por quienes tienen encomendada institucionalmente su protección.

A los efectos de este análisis, el interés general debe examinarse atendiendo a tres referencias: el imperio de la ley, la protección de los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Estas referencias permiten evitar que la determinación del interés general dependa exclusivamente de la interpretación de quienes ejercen el poder público. La protección de los derechos humanos corresponde a todas las personas y no puede quedar subordinada a la voluntad de una mayoría.

El imperio de la ley, la democracia y los derechos humanos constituyen bienes institucionales fundamentales que pueden resultar afectados por la corrupción pública, como permiten comprender los criterios de la Comisión de Venecia.

La mejora de las condiciones de vida de la mayoría incorpora, además, una referencia social y económica a la evaluación del interés general, sin sustituir las obligaciones jurídicas ni los derechos de las minorías.

No se trata de considerar corrupción cualquier decisión política que produzca consecuencias negativas. La definición propuesta exige identificar el abuso del poder o de las funciones, incluida la utilización de la posición institucional, o el incumplimiento del Derecho.

La determinación de beneficios, perjuicios, responsabilidades y sanciones corresponde a las fases de análisis y tratamiento jurídico que resulten aplicables.

8. Corrupción de autoridades y funcionarios públicos: hacia una definición estructurada

El recorrido anterior muestra que no es necesario abandonar los elementos desarrollados durante décadas por las organizaciones internacionales.

Buena parte de los componentes necesarios para una definición más completa ya se encuentra dispersa en sus convenciones, normas, recomendaciones, análisis y criterios sobre el imperio de la ley.

La cuestión consiste en integrarlos.

De este análisis resulta la siguiente definición:

La corrupción de las autoridades y funcionarios públicos comprende el abuso del poder o de las funciones —incluida la utilización del cargo, posición o capacidad institucional en actividades distintas de las funciones que tengan encomendadas— o el incumplimiento del Derecho, mediante acciones u omisiones.

Esta definición toma como principal referente los criterios de la Comisión de Venecia sobre el cumplimiento del Derecho y la prevención del abuso de poder, componentes esenciales del imperio de la ley. Su formulación constituye una propuesta de integración conceptual y no una definición literalmente establecida por la Comisión.

La amplitud de esta definición es deliberada. Su objeto no es reproducir los límites de los delitos de corrupción actualmente tipificados, sino identificar la corrupción pública a partir del abuso del poder o de las funciones y del incumplimiento del Derecho, mediante acciones u omisiones.

En consecuencia, la definición no establece requisitos adicionales de gravedad, relevancia, obtención de beneficios o causación de perjuicios. Puede comprender, por tanto, conductas que los ordenamientos jurídicos actuales no tipifican como delitos de corrupción y que reciben otro tratamiento jurídico.

Esta amplitud no implica equiparar todas las conductas ni sus consecuencias. La tipificación penal, la atribución de responsabilidades y la determinación de las sanciones corresponden a una fase posterior, sujeta a los principios y garantías del Derecho aplicable.

La corrupción pública puede involucrar también a empresarios, organizaciones, grupos organizados y particulares que promuevan, organicen, financien, faciliten, encubran o participen en las conductas corruptas de las autoridades y funcionarios públicos. Su intervención no exige que ejerzan funciones públicas ni implica que su responsabilidad jurídica sea idéntica a la de estos.

La definición específica de la corrupción privada queda fuera del objeto de este artículo.

La distinción entre definición general y tipificación penal resulta especialmente importante a la luz de las brechas examinadas en los artículos tercero y cuarto de esta serie.

Si la definición general queda subordinada a los límites de las normas vigentes, esas mismas limitaciones pueden dificultar la identificación de las conductas que todavía no reciben un tratamiento adecuado.

Las organizaciones internacionales y Transparency International han contribuido durante décadas al conocimiento de la corrupción, incluidas sus dimensiones sistémicas y macroeconómicas. Sin embargo, sus definiciones generales, incluidas las actuales, presentan limitaciones e incongruencias respecto al alcance del fenómeno que sus propios análisis e instrumentos permiten identificar.

Estas insuficiencias constituyen una limitación importante para la comprensión y el tratamiento de la corrupción, especialmente cuando sus manifestaciones sistémicas y macroeconómicas exceden los supuestos tradicionalmente contemplados.

Treinta años después de la convergencia internacional anticorrupción de 1996, los conocimientos acumulados permiten avanzar hacia una definición más estructurada de la corrupción pública.

La propuesta presentada integra el abuso del poder o de las funciones y el incumplimiento del Derecho sin quedar condicionada por los límites de los delitos actualmente tipificados.

Su finalidad es contribuir a una comprensión más completa del fenómeno y proporcionar una referencia conceptual para examinar las insuficiencias de su prevención, identificación, tratamiento jurídico y evaluación institucional.

Una definición general de corrupción pública debe permitir identificar el fenómeno antes de determinar qué conductas están tipificadas penalmente, quién puede ser condenado y qué sanción corresponde aplicar.

Experiencia y conocimiento acumulado del autor

Este programa de investigación es el resultado de un proceso acumulativo de más de quince años de experiencia práctica, observación e investigación sobre la corrupción y el funcionamiento de los mecanismos institucionales y anticorrupción. Durante este período, la experiencia directa del autor en la denuncia y comunicación de información relativa a posibles casos de corrupción ante instituciones españolas, europeas e internacionales se amplió mediante la promoción y dirección de distintas iniciativas asociativas: como presidente de una asociación de personas afectadas por actuaciones institucionales, como único promotor y presidente de una federación de asociaciones y como único promotor y presidente de una alianza integrada por asociaciones y un movimiento social. Esta actividad le permitió conocer y abordar situaciones que afectaban a otras personas y organizaciones, desarrollar actuaciones ante distintas instituciones y compartir proyectos y experiencias con otros responsables sociales.

Esta trayectoria produjo un proceso progresivo y acumulativo de conocimiento. La experiencia práctica planteó nuevas cuestiones que llevaron a nuevas investigaciones; estas ampliaron el conocimiento disponible y, a su vez, condujeron a investigar otros problemas, reconsiderar cuestiones previamente analizadas y establecer relaciones entre fenómenos que habitualmente se estudian por separado. Este proceso ha influido no sólo en las cuestiones abordadas por la investigación, sino también en la forma de plantearlas, las fuentes y datos examinados, las relaciones establecidas entre ellos y el marco analítico mediante el cual se interpreta la evidencia.

La investigación resultante ha conectado progresivamente la dimensión macroeconómica de la corrupción con su carácter sistémico, las brechas existentes entre el fenómeno y su criminalización, las brechas en el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, sus resultados mensurables y los mecanismos mediante los cuales la corrupción puede adaptarse, persistir, reproducirse y contribuir a transformaciones institucionales, económicas, políticas y sociales. De este modo, el conocimiento acumulado del autor ha contribuido a orientar una investigación que no se limita a estudiar conductas corruptas individuales, sino que examina conjuntamente la dimensión y naturaleza del fenómeno, las estructuras en las que se desarrolla y los sistemas creados para combatirlo.

Los casos concretos conocidos por el autor a través de esta experiencia no forman parte de la evidencia empírica utilizada en los siete artículos de la Parte I de la serie. Su base empírica está constituida por las fuentes documentales, los datos oficiales y la evidencia publicada citados en cada artículo. La experiencia y el conocimiento acumulado del autor han contribuido, en cambio, a identificar las preguntas que debían formularse, seleccionar las dimensiones que debían investigarse, relacionar evidencia producida en diferentes contextos institucionales y disciplinares e integrar esos elementos en el marco analítico desarrollado a lo largo de la serie.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial y contribuciones del autor

Para la elaboración de este artículo se ha utilizado ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo en el análisis conceptual, la revisión crítica, la organización del contenido, el perfeccionamiento editorial, la asistencia en la redacción y la traducción al inglés.

El autor ha desarrollado de forma independiente el marco de investigación, identificado las insuficiencias conceptuales y normativas de las definiciones actuales de corrupción, establecido las conexiones con los resultados de los artículos anteriores de la serie y formulado la propuesta de definición estructurada de la corrupción pública. Asimismo, ha seleccionado las fuentes institucionales y jurídicas, desarrollado la interpretación de sus implicaciones y determinado los argumentos y las conclusiones del artículo.

La inteligencia artificial se ha utilizado para examinar, organizar, perfeccionar y comunicar estas aportaciones, no para originar la tesis de investigación ni determinar de forma independiente sus resultados.

El autor ha dirigido y revisado críticamente el trabajo asistido por inteligencia artificial, ha adoptado las decisiones finales sobre el contenido y la redacción y asume plena responsabilidad por la exactitud, las interpretaciones y las conclusiones del artículo.

SERIE CORRUPCIÓN. Parte 1

Sin corrupción no habría deuda pública. Corrupción macroeconómica. https://doi.org/10.5281/zenodo.21994962
CORRUPCIÓN SISTÉMICA. Desde las consecuencias institucionales a la transformación del sistema. https://doi.org/10.5281/zenodo.21995042
LA BRECHA DE TIPIFICACIÓN PENAL DE LA CORRUPCIÓN. La impunidad puede comenzar antes de la persecución. https://doi.org/10.5281/zenodo.22733321
TRES BRECHAS EN LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. 30 años de normas, incumplimiento y aplicación insuficiente. https://doi.org/10.5281/zenodo.23019678
30 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. ¿Cuáles han sido los resultados? https://doi.org/10.5281/zenodo.23334247
HACIA UNA DEFINICIÓN ESTRUCTURADA DE LA CORRUPCIÓN
https://doi.org/10.5281/zenodo.23684963
¿QUIÉN CORROMPE A LOS CORRUPTOS? Del corruptor individual a la selección y reproducción de los corruptos (Próxima publicación)

Los siete primeros artículos desarrollan un análisis integrado de la dimensión macroeconómica y sistémica de la corrupción, su marco jurídico e institucional, los resultados de la lucha contra la corrupción y su definición, concluyendo con un análisis de los actores y estructuras que corrompen y reproducen la corrupción.

INVESTIGACIONES PREVIAS EN LAS QUE SE APOYA LA SERIE

30 años de marcos anticorrupción: una desalineación estructural entre definición, escala y resultados. https://doi.org/10.5281/zenodo.19357789
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MARCO HISTÓRICO-ESTRUCTURAL RELACIONADO

Marco histórico-estructural sobre las cinco transformaciones sociales derivadas de la evolución de las estructuras de poder y del dinero durante los últimos dos siglos y medio.

Marzal, J. (2026). El auge del macroestado: Convergencia estructural entre el poder y el dinero en la Era Contemporánea. https://doi.org/10.5281/zenodo.19354355.

Javier Marzal

ORCID: 0009-0009-4373-8068