INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN:
Propuesta para un sistema automatizado e independiente de investigación y justicia
https://zenodo.org/records/24301720
Table of Contents
1. Introducción: el problema institucional de la persecución de la corrupción 5
1.1. Evidencia internacional y aportaciones de la serie 5
2. De la discrecionalidad institucional a la impunidad 6
2.1. Discrecionalidad, opacidad y responsabilidad 6
2.2. La impunidad como mecanismo de reproducción 7
2.3. La pérdida de credibilidad de la protección jurídica 7
3. La propuesta: un sistema internacional de justicia automatizada contra la corrupción 8
3.2. Alcance internacional y capítulos nacionales 8
B. Procedimientos civiles de represalia 9
4. Funcionamiento del procedimiento totalmente automatizado 9
4.1. Presentación de denuncias 9
4.2. Admisión e investigación 9
4.3. Audiencia de las partes 10
4.4. Resoluciones anticorrupción 10
4.5. Recursos judiciales humanos 11
5. Ejecución y seguimiento de las resoluciones 11
6. Promoción de la denuncia penal de abusos cometidos en otras jurisdicciones 11
7. Gobernanza internacional e independencia institucional 12
7.2. Prohibición de control por funcionarios públicos 12
7.3. Prohibición de control por los juristas 13
7.4. Participación de organizaciones intergubernamentales 13
8. Financiación y sostenibilidad 14
9. Presunciones y nuevos principios para la investigación de la corrupción 15
9.1. Presunción de riesgo de corrupción institucional 15
9.2. Presunción jurídica provisional de culpabilidad individual durante la investigación 15
9.4. Obligación legal de investigación exhaustiva 16
9.5. Investigaciones prospectivas y descubrimiento de delitos relacionados 17
9.6. Confidencialidad reforzada y garantías de defensa 17
9.7. Antecedentes jurídicos comparados y límites de la propuesta 18
10. Viabilidad jurídica y relación con el marco internacional 19
11. Antecedentes españoles: valor ilustrativo y límites probatorios 19
12. Implantación progresiva y evaluación 20
14. Discusión: de la reforma de las instituciones a una alternativa institucional 21
Experiencia y conocimiento acumulado del autor 24
Declaración de uso de la inteligencia artificial (IA) 24
Referencias bibliográficas y documentales 25
Resumen
Tres décadas después de la adopción de los principales instrumentos internacionales anticorrupción, las evaluaciones de las organizaciones intergubernamentales siguen documentando deficiencias normativas, incumplimientos, insuficiencias de aplicación y resultados limitados. La primera parte de la serie de investigación del autor sistematiza esas evidencias, analiza sus consecuencias macroeconómicas y sistémicas y propone un marco analítico integrado.
Este trabajo plantea una cuestión institucional fundamental: ¿puede resultar eficaz un sistema de persecución de la corrupción cuando su funcionamiento depende de funcionarios que conservan amplias facultades para decidir qué denuncias investigar, qué diligencias practicar y qué actuaciones impulsar o abandonar, especialmente cuando las denuncias afectan a las propias instituciones?
La hipótesis central sostiene que la discrecionalidad, la opacidad y la insuficiente responsabilidad institucional pueden favorecer la impunidad y que esta, a su vez, puede convertirse en un mecanismo de reproducción de la corrupción sistémica.
Como alternativa, se propone crear un sistema internacional, especializado y totalmente automatizado de inteligencia artificial, capaz de recibir denuncias, investigar, tramitar procedimientos, examinar las alegaciones y pruebas de las partes, dictar resoluciones judiciales y supervisar su ejecución. Su competencia inicial comprendería procedimientos penales relacionados con la corrupción, delitos conexos y represalias penales, incluidos los derivados de posibles actuaciones prevaricadoras en otras jurisdicciones, así como procedimientos civiles de represalia contra denunciantes y alertadores de corrupción, incluidos periodistas y funcionarios públicos.
El modelo contempla una gobernanza plural en la que los funcionarios públicos y sus representantes nunca puedan ejercer mayoría ni control efectivo, una financiación independiente parcialmente vinculada a los activos recuperados y mecanismos de revisión judicial humana.
El trabajo articula dos innovaciones complementarias: una institucional, mediante una jurisdicción especializada automatizada e independiente; y otra jurídico-procesal, mediante una presunción jurídica provisional de culpabilidad individual limitada a la investigación de corrupción, una obligación legal de investigación exhaustiva y un régimen de confidencialidad reforzada. La primera no depende necesariamente de la aprobación de la segunda. Se distingue asimismo una presunción de riesgo institucional que no atribuye culpabilidad a sus integrantes.
El objetivo no es incorporar la inteligencia artificial como herramienta auxiliar de las instituciones existentes, sino examinar la viabilidad de una alternativa institucional destinada a reducir la impunidad, recuperar la credibilidad de la protección jurídica y fortalecer el imperio de la ley.
1. Introducción: el problema institucional de la persecución de la corrupción
La aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, los instrumentos del Consejo de Europa de 1999 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 constituyó un avance fundamental en el reconocimiento internacional del problema.
Sin embargo, la existencia de normas, organismos especializados, estrategias nacionales y mecanismos de evaluación no ha garantizado una persecución efectiva de la corrupción.
Las evaluaciones realizadas durante las últimas décadas por organizaciones internacionales han identificado deficiencias persistentes en la prevención, tipificación, aplicación y cumplimiento de los compromisos anticorrupción. También han documentado importantes problemas de percepción de la corrupción y de confianza institucional.
La primera parte de la serie de investigación del autor examina estas cuestiones mediante siete artículos dedicados a las consecuencias macroeconómicas, la corrupción sistémica, las brechas de criminalización, las deficiencias normativas y de aplicación, los resultados anticorrupción, las limitaciones de las definiciones existentes y los actores que pueden favorecer la corrupción.
El presente trabajo parte de esa base documental, pero aborda un problema diferente: el diseño de una alternativa institucional.
La pregunta fundamental es la siguiente:
Si la persecución de la corrupción depende exclusivamente de funcionarios que pueden decidir qué investigar y qué no investigar, ¿no necesita la sociedad un mecanismo alternativo capaz de actuar sin esa dependencia?
La cuestión adquiere especial importancia cuando las denuncias afectan a altos cargos públicos, miembros de las instituciones encargadas de investigar o juzgar, o redes de intereses que pueden ejercer influencia sobre ellas.
En tales circunstancias, la concentración de facultades de investigación y decisión en instituciones potencialmente afectadas por conflictos de intereses plantea un problema estructural.
Este trabajo no presupone que todos los funcionarios actúen corruptamente ni que toda decisión de archivo o absolución sea ilegítima. Sostiene, en cambio, que la arquitectura institucional debe estar preparada para funcionar incluso cuando determinados funcionarios, órganos o redes de poder se encuentren comprometidos.
1.1. Evidencia internacional y aportaciones de la serie
La serie del autor distingue tres niveles que no deben confundirse: la magnitud y consecuencias de la corrupción, las brechas del sistema normativo y los resultados de su aplicación. El artículo 1 examina estimaciones internacionales sobre costes macroeconómicos y deuda pública; el artículo 2 estudia la transformación institucional y la corrupción sistémica; el artículo 3 identifica la brecha de tipificación penal; el artículo 4 diferencia las brechas normativa, de cumplimiento y de aplicación; el artículo 5 contrasta resultados; el artículo 6 revisa siete limitaciones de las definiciones de corrupción; y el artículo 7 estudia los mecanismos de selección y reproducción de los corruptos y de las minorías extractivas [M1–M7].
Los resultados de la Unión Europea permiten concretar el problema de credibilidad: el Eurobarómetro especial 573 (2026) registra que el 71 % de los encuestados considera extendida la corrupción en su país, el 69 % cree que los casos de corrupción de alto nivel no se persiguen suficientemente y solo el 35 % considera eficaces los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción. Además, el 54 % declara que no sabría dónde denunciarla [O1]. Son percepciones de los encuestados, no mediciones directas de delitos ni prueba de corrupción judicial.
En el ámbito de la persecución de los intereses financieros de la UE, la Fiscalía Europea comunicó 2.666 investigaciones activas al cierre de 2024, con daños estimados superiores a 24.800 millones de euros; aproximadamente el 3 % de los delitos investigados correspondía a corrupción activa o pasiva de funcionarios públicos [O2]. La proporción no permite concluir, sin conocer el universo de delitos y competencias, que se investigue insuficientemente a los funcionarios. OLAF, por su parte, concluyó 246 investigaciones en 2024 y recomendó recuperar 871,5 millones de euros; la recomendación de recuperación no equivale a recuperación efectivamente ejecutada [O3].
Estas cifras muestran actividad institucional y, simultáneamente, la necesidad de distinguir denuncias, investigaciones, imputaciones, condenas, recuperaciones y protección efectiva de denunciantes. La serie sostiene que contabilizar normas, organismos y actuaciones no basta para evaluar la reducción de la corrupción [M4–M7].
El artículo 6 propone una definición estructurada que incorpora acciones y omisiones, abuso del poder y de funciones, incumplimiento del Derecho y beneficios o perjuicios indebidos a personas, instituciones o sistemas [M6]. Esa definición cumple una función analítica; no sustituye la tipificación penal ni los requisitos probatorios de cada delito.
2. De la discrecionalidad institucional a la impunidad
2.1. Discrecionalidad, opacidad y responsabilidad
Los procedimientos administrativos y judiciales atribuyen facultades de apreciación a las autoridades responsables de su tramitación.
Estas facultades pueden resultar necesarias para interpretar normas, valorar pruebas y organizar recursos. El problema aparece cuando permiten omitir investigaciones, desatender peticiones relevantes o adoptar decisiones insuficientemente motivadas sin controles efectivos.
En materia de corrupción, la discrecionalidad puede adquirir consecuencias especialmente graves porque los hechos investigados pueden involucrar a quienes ejercen el poder público o mantienen relaciones con ellos.
Además, cuando se utiliza para favorecer intereses particulares contrarios al interés general, la discrecionalidad institucional puede contribuir a daños de alcance sistémico. La relación entre corrupción, decadencia social, declive económico y conflictos exige, no obstante, un análisis causal específico y no puede presumirse para todos los casos.
La opacidad dificulta conocer las razones de determinadas decisiones. La insuficiente responsabilidad permite que los errores, omisiones o actuaciones ilegales no siempre produzcan consecuencias proporcionales.
La combinación de estos factores puede facilitar la impunidad.
2.2. La impunidad como mecanismo de reproducción
La impunidad no debe considerarse exclusivamente un resultado de la corrupción.
También puede actuar como uno de sus mecanismos de reproducción.
Cuando los responsables de conductas corruptas perciben que las denuncias pueden ser ignoradas, las investigaciones bloqueadas y las resoluciones incumplidas, disminuye el riesgo percibido de sufrir consecuencias jurídicas.
Se configura así una posible secuencia causal:
Discrecionalidad, opacidad y falta de responsabilidad → investigaciones omitidas o insuficientes → impunidad → reducción del riesgo percibido de sanción → reproducción y posible expansión de la corrupción.
Esta secuencia constituye una hipótesis explicativa que debe contrastarse empíricamente. No implica que todos los contextos institucionales respondan al mismo mecanismo ni que las evaluaciones internacionales hayan acreditado por sí solas cada una de sus relaciones causales.
No obstante, permite identificar una limitación de las reformas convencionales: incrementar las competencias o los recursos de una institución no resuelve necesariamente el problema cuando la propia institución puede estar afectada por captura, conflictos de intereses o insuficiente control.
2.3. La pérdida de credibilidad de la protección jurídica
La insuficiencia de los mecanismos anticorrupción plantea una segunda consecuencia: el debilitamiento de la credibilidad de la protección jurídica.
Los recursos administrativos y las actuaciones judiciales pueden dejar de representar una expectativa razonable de protección para quienes consideran que han sufrido abusos institucionales.
Cuando los ciudadanos perciben que reclamar resulta costoso, prolongado, arriesgado o inútil, pueden renunciar a defender sus derechos.
La decisión de no denunciar puede obedecer al temor a represalias, al coste económico, a la complejidad procesal o a la expectativa de que las autoridades no investigarán eficazmente.
Esta renuncia puede contribuir a reducir la detección de delitos y reforzar la impunidad.
Por tanto, el sistema alternativo no debería medirse únicamente por el número de investigaciones o condenas, sino también por su capacidad de proporcionar una vía de protección jurídica creíble, accesible y verificable.
3. La propuesta: un sistema internacional de justicia automatizada contra la corrupción
3.1. Principio general
Se propone establecer un sistema especializado de inteligencia artificial que asuma íntegramente las funciones ordinarias de investigación, tramitación y resolución inicial de determinados procedimientos relacionados con la corrupción.
La automatización constituye un elemento esencial del modelo.
No se trata de utilizar inteligencia artificial para asistir a fiscales, jueces o investigadores que conservarían las decisiones principales.
Se propone que el sistema automatizado adopte esas decisiones conforme al marco normativo establecido, con garantías procesales, controles técnicos y revisión judicial humana.
La propuesta exigiría reformas legislativas y, según el ordenamiento, constitucionales. No se presenta como una facultad actualmente reconocida a los sistemas de IA por el derecho internacional o europeo.
Como vía inicial podrían implantarse pruebas piloto independientes que, mediante el análisis de expedientes y resoluciones, permitan detectar indicios de irregularidades judiciales, identificar contradicciones y aportar evaluaciones contrastables. Sus resultados podrían facilitar la comprobación de posibles delitos y mejorar la información pública, sin equiparar automáticamente una discrepancia jurídica con corrupción.
3.2. Alcance internacional y capítulos nacionales
El sistema tendría una arquitectura internacional común y podría tener delegaciones nacionales adaptadas a los respectivos ordenamientos jurídicos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) proporcionaría una referencia fundamental para delimitar su ámbito material, complementada por los instrumentos regionales y la legislación nacional.
Las delegaciones o capítulos nacionales incorporarían los delitos pertinentes de cada ordenamiento, siempre mediante procedimientos normativos legítimos y respetando los principios de legalidad penal.
Por ejemplo, en varios países debería examinarse expresamente la prevaricación y otros delitos que pudieran cometer funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
El sistema no podría crear retroactivamente delitos ni imponer sanciones por conductas que no estuvieran tipificadas conforme a la legislación aplicable.
3.3. Competencia inicial
En su primera etapa, la competencia se limitaría a dos grandes ámbitos.
A. Procedimientos penales
Comprenderían los delitos de corrupción y los delitos conexos incluidos en el ámbito de aplicación del sistema, especialmente aquellos presuntamente cometidos por funcionarios públicos o relacionados con el ejercicio abusivo del poder institucional.
Se incluirían los posibles delitos derivados de actuaciones realizadas en procedimientos de otras jurisdicciones, siempre que existieran indicios suficientes.
La existencia de una resolución judicial desfavorable, incluso posteriormente revocada, no constituiría por sí sola prueba de prevaricación ni de otro delito.
También se incluirían los procedimientos penales de represalias contra denunciantes y alertadores de corrupción, incluyendo a los funcionarios públicos y a los periodistas que pueden ser fuentes relevantes para destapar la corrupción.
B. Procedimientos civiles de represalia
Comprenderían procedimientos civiles relacionados con represalias contra denunciantes, alertadores, periodistas y otros sujetos protegidos por su intervención en la denuncia, investigación o divulgación legítima de posibles hechos de corrupción.
La competencia exigiría determinar jurídicamente la conexión entre el procedimiento y la presunta represalia.
La finalidad sería evitar que determinados instrumentos procesales pudieran utilizarse para obstaculizar la denuncia de la corrupción o intimidar a quienes la investigan.
4. Funcionamiento del procedimiento totalmente automatizado
4.1. Presentación de denuncias
El sistema ofrecería canales accesibles para presentar denuncias y aportar documentación.
Debería admitir pruebas documentales, resoluciones judiciales, expedientes administrativos, comunicaciones, testimonios y otros elementos legalmente pertinentes.
La presentación y el registro no dependerían de la aceptación previa de un funcionario público; se incorporarían medidas de conservación, integridad y trazabilidad destinadas a prevenir la pérdida, alteración o destrucción de las denuncias.
Se garantizarían mecanismos de confidencialidad y protección de datos, así como modalidades de acceso asistido para personas con dificultades tecnológicas.
4.2. Admisión e investigación
La IA examinaría la denuncia y determinaría si concurren los requisitos legales para iniciar una investigación.
Las decisiones de inadmisión o archivo deberían estar motivadas, ser comunicadas a los intervinientes y disponer de vías efectivas de impugnación, tanto en el propio sistema como en los tribunales actuales.
Cuando procediera investigar, el sistema identificaría las diligencias pertinentes y emitiría los requerimientos legalmente autorizados.
Las actuaciones materiales que no puedan automatizarse serían realizadas por los servicios competentes, sin que estos adquirieran por ello facultades discrecionales para decidir el resultado de la actuación.
Las medidas coercitivas o restrictivas de derechos fundamentales podrían requerir las autorizaciones y controles humanos indispensables mientras así lo exigiera el marco jurídico aplicable.
En los supuestos legalmente delimitados en el apartado 9, la apertura de investigación activaría la obligación de comprobación exhaustiva, incluida la valoración de otros posibles delitos de corrupción relacionados y la búsqueda de indicios exculpatorios. Las decisiones de ampliación, denegación de diligencias y archivo serían motivadas y revisables. Cuando procediera, se aplicaría confidencialidad reforzada temporal y proporcionada.
4.3. Audiencia de las partes
Uno de los principios fundamentales sería facilitar que todas las personas afectadas pudieran ser oídas efectivamente, incluso sin personación formal cuando la ley lo permitiera, distinguiendo entre el derecho a aportar información y las facultades procesales reservadas a las partes legitimadas, sin menoscabar el derecho de defensa.
La IA debería registrar, examinar y contestar las alegaciones, pruebas y peticiones procesales relevantes.
No sería suficiente generar una resolución formalmente motivada si esta omitiera cuestiones esenciales planteadas durante el procedimiento.
El sistema debería permitir comprobar qué peticiones fueron formuladas, cómo se tramitaron y por qué fueron aceptadas o rechazadas.
Las actuaciones declaradas confidenciales frente al público o excepcionalmente frente a alguna parte no suprimirían la audiencia efectiva ni el acceso a los elementos esenciales para impugnar medidas restrictivas. Las restricciones temporales deberían quedar documentadas y sujetas a revisión independiente.
La automatización no justificaría reducir los derechos de defensa, contradicción, acceso al expediente o asistencia letrada; cualquier adaptación procesal exigiría justificación y garantías equivalentes.
4.4. Resoluciones anticorrupción
La IA emitiría las resoluciones correspondientes, incluidos autos y sentencias absolutorias o condenatorias, conforme a las competencias atribuidas por la legislación que eventualmente implantara el modelo.
Las resoluciones deberían identificar los hechos considerados probados, las pruebas relevantes, las normas aplicables y el razonamiento jurídico utilizado.
La fundamentación tendría que ser verificable y susceptible de revisión, no una mera explicación aparente generada por el sistema.
En materia penal, la atribución de potestad para imponer penas privativas de libertad exigiría una justificación constitucional y convencional especialmente rigurosa.
Cuando identificara jurisprudencia contradictoria, el sistema debería señalarla y activar los mecanismos legalmente establecidos para su revisión o unificación, sin atribuirse facultades ajenas a su competencia.
4.5. Recursos judiciales humanos
Como cualquier resolución actual de los juzgados que inician la vía judicial, el sistema contemplaría recursos ante los órganos judiciales superiores.
La revisión debería permitir examinar cuestiones de hecho y de derecho conforme a las garantías aplicables, corregir errores y anular decisiones afectadas por defectos técnicos o procesales.
Cuando un tribunal superior modificara o revocara una resolución automatizada, la IA podría elaborar una evaluación motivada y accesible para las partes sobre los fundamentos de la decisión y las vías de impugnación disponibles. Solo si aparecieran indicios específicos y suficientes de prevaricación u otro delito procedería valorar la apertura de un procedimiento penal; la mera discrepancia o revocación judicial no bastaría.
La existencia de un recurso no resolvería automáticamente todas las objeciones constitucionales a una decisión inicial adoptada por IA.
Por ello, la propuesta deberá analizar qué garantías exigen intervención humana previa y cuáles podrían satisfacerse mediante controles posteriores.
5. Ejecución y seguimiento de las resoluciones
La eficacia de la protección jurídica no termina cuando se dicta una resolución.
Una decisión jurídicamente fundada puede resultar ineficaz si no se ejecuta o si su cumplimiento se retrasa injustificadamente.
El sistema propuesto asumiría el seguimiento automatizado de la ejecución de sus resoluciones.
Las oficinas judiciales y demás servicios legalmente competentes realizarían las actuaciones materiales necesarias, pero quedarían sometidos a requerimientos verificables y a un sistema de control de cumplimiento.
La IA registraría los plazos, solicitaría información sobre las actuaciones realizadas, detectaría incumplimientos y activaría las consecuencias procesales previstas legalmente.
Las partes podrían conocer el estado de ejecución y denunciar las omisiones correspondientes.
La finalidad es evitar que la falta de ejecución se convierta en una nueva vía de impunidad.
Este control también debería aplicarse al propio sistema automatizado: sus fallos, demoras o incumplimientos tendrían que ser identificables y corregibles.
6. Promoción de la denuncia penal de abusos cometidos en otras jurisdicciones
El sistema no debería limitarse a esperar pasivamente la recepción de denuncias.
Su implantación incluiría una estrategia internacional de información jurídica destinada a que las víctimas de posibles delitos institucionales conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.
Esta estrategia prestaría especial atención a las actuaciones desarrolladas en procedimientos administrativos, civiles, laborales y contencioso-administrativos cuando existieran indicios de delitos de corrupción, prevaricación u otras conductas comprendidas en la competencia penal del sistema.
La promoción de denuncias no equivaldría a presumir que toda actuación institucional perjudicial es delictiva.
Su objetivo sería facilitar que las víctimas pudieran denunciar hechos penalmente relevantes sin depender de los mismos mecanismos institucionales cuya actuación cuestionan.
Las organizaciones anticorrupción y de protección de denunciantes desempeñarían un papel importante en la información, orientación y protección de las personas afectadas, así como en la mejora del sistema.
La credibilidad del sistema resultaría decisiva.
Si las víctimas pudieran confiar razonablemente en que sus denuncias serán examinadas, sus pruebas valoradas y las resoluciones ejecutadas, disminuirían algunos de los obstáculos que actualmente desincentivan la denuncia.
El aumento de denuncias no debería interpretarse automáticamente como un aumento de la corrupción: también podría reflejar una mejora en su detección.
7. Gobernanza internacional e independencia institucional
7.1. Una gobernanza plural
El sistema necesitaría una estructura de gobierno internacional y nacional con funciones claramente delimitadas.
Se propone la participación de organizaciones internacionales y nacionales especializadas en anticorrupción o de protección de denunciantes, otros representantes de la sociedad civil, especialistas en derecho, tecnología y auditoría, y representantes de jueces y fiscales.
Asimismo, sería conveniente que las organizaciones y empresas privadas especializadas en la lucha contra la corrupción, incluidas aquellas dedicadas a la protección de denunciantes y víctimas de represalias, participaran tanto en el diseño como en la gobernanza del sistema. Su experiencia en la identificación de prácticas corruptas, la investigación de irregularidades, la protección de las personas afectadas y la evaluación de los mecanismos anticorrupción permitiría incorporar conocimientos especializados y contribuir a garantizar la independencia, eficacia y transparencia del sistema.
Los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción de Transparencia Internacional -ALAC- podrían constituir una referencia organizativa relevante por su experiencia en corrupción, así como en orientación y apoyo a denunciantes.
Su eventual participación requeriría acuerdos expresos y no puede presumirse.
7.2. Prohibición de control por funcionarios públicos
Se establece una regla institucional fundamental:
Los funcionarios públicos y sus representantes nunca podrán constituir mayoría ni ejercer control efectivo, directo o indirecto, en ningún órgano de gobierno, supervisión o auditoría del sistema.
Esta limitación comprende también mecanismos indirectos de control mediante designaciones, entidades vinculadas, acuerdos de voto o facultades de veto.
Los representantes de jueces y fiscales podrán participar y aportar experiencia profesional, pero no controlar el sistema.
Al mismo tiempo, la participación mayoritaria de organizaciones no gubernamentales no debe convertirse en una nueva forma de captura institucional.
Serán necesarios controles sobre financiación, conflictos de intereses, independencia de los representantes y relaciones con entidades investigadas.
Ningún órgano de gobierno podrá modificar las decisiones de procedimientos concretos fuera de los mecanismos de revisión legalmente establecidos.
7.3. Prohibición de control por los juristas
La prohibición de mayoría y control efectivo se extendería al conjunto de profesionales jurídicos —incluidos académicos del derecho, abogados, fiscales y jueces— y a sus organizaciones, computados conjuntamente. Esta regla busca evitar la sustitución de una dependencia institucional por el control de un único colectivo profesional.
7.4. Participación de organizaciones intergubernamentales
Las organizaciones intergubernamentales podrían tener un papel relevante en este sistema.
Su experiencia normativa, evaluadora y de cooperación internacional podría contribuir a impulsar el sistema e incluso justificar una participación limitada en sus órganos de gobierno.
La participación de las organizaciones intergubernamentales estaría limitada y computaría, junto con la representación de funcionarios y juristas, a efectos de impedir el control de estos grupos. La sociedad civil independiente, nacional e internacional, conservaría la mayoría efectiva del voto, sin perjuicio de mecanismos de prevención de captura privada.
7.5. Independencia técnica
La independencia también deberá extenderse a la infraestructura tecnológica.
El sistema no puede depender de un proveedor, administrador o grupo de especialistas con capacidad no controlada para modificar su funcionamiento.
Se necesitarán registros de versiones, auditorías externas, controles de integridad, protección frente a manipulaciones y mecanismos para suspender operaciones cuando se detecten fallos graves.
La automatización integral del procedimiento no elimina la responsabilidad de las personas y organizaciones encargadas de desarrollar, mantener y supervisar la infraestructura.

8. Financiación y sostenibilidad
Se propone una financiación pública inicial, aportada por los Estados participantes durante al menos tres años, con garantías de suficiencia y sin capacidad de interferencia en los procedimientos.
Si los recursos ante los tribunales superiores se resolvieran sin demoras indebidas, los activos recuperados podrían contribuir significativamente a la financiación del sistema. La posibilidad de alcanzar la autosuficiencia en un plazo breve es una hipótesis económica que deberá someterse a escenarios de recuperación, costes y disponibilidad jurídica de fondos.
Durante los primeros diez años, el porcentaje destinado a su financiación podría ser superior para facilitar el desarrollo tecnológico, la creación de delegaciones nacionales y la expansión internacional.
Transcurrido ese periodo, se establecería un porcentaje inferior destinado al mantenimiento y actualización del sistema.
El mecanismo requeriría un fondo independiente, sometido a auditorías públicas y externas.
La financiación solo podría proceder de recursos legalmente disponibles después de respetar los derechos de las víctimas, las obligaciones de restitución y los acuerdos internacionales de recuperación de activos.
El modelo debería evitar cualquier incentivo económico para dictar condenas o decomisos.
Ni las resoluciones individuales ni los ingresos de quienes administren el sistema podrían depender del valor económico de las sanciones impuestas.
9. Presunciones y nuevos principios para la investigación de la corrupción
9.1. Presunción de riesgo de corrupción institucional
La primera propuesta consiste en examinar una presunción de riesgo institucional basada en indicadores objetivos de corrupción sistémica, incumplimientos reiterados y deficiencias acreditadas de control.
Su función sería activar medidas reforzadas de transparencia, investigación, protección de denunciantes y supervisión.
No equivaldría a declarar culpables a los integrantes de una institución.
La presunción debería basarse en criterios públicos, verificables y susceptibles de contradicción.
9.2. Presunción jurídica provisional de culpabilidad individual durante la investigación
Se propone, como reforma jurídica deliberadamente controvertida, que ante indicios objetivos individualizados de posibles delitos de corrupción opere durante la fase investigadora una presunción jurídica provisional de culpabilidad. A diferencia de una simple hipótesis policial, la propuesta pretende desplazar expresamente, y solo en esta fase y para sus fines propios, la presunción jurídica de inocencia como regla de orientación de la investigación.
El presupuesto de activación no sería la mera pertenencia a una institución, el ejercicio de un cargo o la constatación genérica de corrupción sistémica. Deberían existir hechos o indicios verificables referidos a una persona y una conducta, susceptibles de revisión y contradicción. No se exigiría, sin embargo, que la investigación ya hubiera obtenido las pruebas que precisamente debe buscar.
Su efecto jurídico específico consistiría en activar una obligación reforzada de investigar y comprobar los indicios, incluidos los de descargo. No autorizaría automáticamente detenciones, registros, interceptaciones, embargos, sanciones, inversión de la carga de la prueba en juicio ni condenas. Las medidas restrictivas de derechos mantendrían presupuestos y controles independientes.
La presunción sería temporal, individual, motivada y revisable. Debería cesar cuando desaparecieran los indicios objetivos, se acordara justificadamente el archivo o concluyera la fase investigadora. El juicio y la condena continuarían sujetos a la presunción de inocencia y a la obligación de probar la responsabilidad penal conforme al estándar aplicable.
La propuesta reconoce expresamente su conflicto con la protección convencional y constitucional de la presunción de inocencia durante todo el proceso penal. Su adopción requeriría reformas jurídicas de gran alcance y un examen de necesidad, proporcionalidad y compatibilidad con instrumentos internacionales de derechos humanos.
La finalidad es impedir que la falta de pruebas que únicamente podrían obtenerse investigando se convierta en motivo para no investigar, particularmente cuando existen posibles redes institucionales y dificultades estructurales para acceder a documentos, testimonios o información patrimonial.
La presunción provisional individual y la presunción de riesgo institucional son distintas: la primera se refiere a indicios personales de conducta delictiva; la segunda identifica riesgos de funcionamiento institucional y activa medidas de supervisión, sin imputación individual.
La implantación de un sistema automatizado de investigación y justicia no dependería necesariamente de la aprobación de esta excepción jurídica; ambas reformas deben evaluarse por separado.
9.3. Prisión preventiva: antecedente internacional y tensión entre presunción formal y efectos materiales
La prisión preventiva o provisional es una institución ampliamente extendida en los sistemas penales contemporáneos. Permite, bajo condiciones que varían entre jurisdicciones, privar de libertad a una persona antes de condenarla, sobre la base de indicios o una valoración provisional de responsabilidad penal y de fines cautelares adicionales, como la prevención de fuga o de interferencia en las pruebas.
Desde una perspectiva material y crítica, esa valoración anticipada puede interpretarse como una atribución provisional de posible culpabilidad con consecuencias jurídicas efectivas, aun cuando los ordenamientos sostengan formalmente que la presunción de inocencia permanece intacta. El autor cuestiona la coherencia entre esa proclamación y la privación de libertad antes de la condena.
La hipótesis de que la conservación formal de la presunción de inocencia desempeña también una función de legitimación institucional debe examinarse críticamente; no constituye una motivación uniforme demostrada de legisladores y tribunales de todos los países. La doctrina dominante diferencia la valoración indiciaria de responsabilidad, los fines cautelares y una declaración jurídica de culpabilidad.
La analogía plantea una pregunta de proporcionalidad: si pueden admitirse medidas tan intensas como la privación cautelar de libertad antes de condena, ¿por qué excluir de antemano una presunción provisional destinada únicamente a activar una investigación rigurosa de corrupción? La comparación no prueba por sí misma la compatibilidad jurídica de desplazar formalmente la presunción de inocencia, y una investigación puede incluir diligencias muy intrusivas que precisan controles específicos.
9.4. Obligación legal de investigación exhaustiva
La segunda innovación jurídico-procesal, complementaria y no alternativa a la presunción provisional, consiste en una obligación legal de investigación exhaustiva cuando concurran indicios objetivos de corrupción. Su fundamento es evitar que la discrecionalidad de admisión, selección de diligencias o archivo permita cerrar prematuramente casos cuya prueba exige actuaciones adicionales.
La obligación comprendería la comprobación de los hechos denunciados; la búsqueda de documentación y testimonios pertinentes; el examen de explicaciones y pruebas de descargo; la identificación de otros posibles delitos de corrupción del mismo investigado; y la investigación de eventuales participantes, beneficiarios, encubridores o estructuras organizadas relacionadas.
El sistema registraría todas las solicitudes probatorias relevantes de las partes y las razones para practicar o denegar cada diligencia. El archivo exigiría una motivación verificable sobre los indicios examinados, las pruebas obtenidas, las alternativas razonables y las razones por las que no proceden nuevas actuaciones. Las decisiones serían impugnables.
La exhaustividad no implica practicar toda diligencia imaginable ni una investigación indefinida: pertinencia, proporcionalidad, derechos fundamentales, límites temporales razonables y control independiente seguirían operando. También deben documentarse y buscarse activamente elementos exculpatorios.
9.5. Investigaciones prospectivas y descubrimiento de delitos relacionados
La corrupción puede operar mediante conductas ocultas y redes que no se manifiestan íntegramente en la denuncia inicial. Por ello se propone revisar, en los ordenamientos que las establecen, las restricciones a las investigaciones prospectivas, de modo que la detección de indicios objetivos de corrupción permita comprobar otros posibles delitos cometidos por la persona ya investigada y las conexiones con terceros o estructuras institucionales.
La ampliación debe fundamentarse en indicios o patrones verificables y en una conexión razonable con la corrupción investigada. No equivale a autorizar búsquedas indiscriminadas de infracciones, vigilancia general de la población ni acceso irrestricto a datos privados. Cada diligencia intrusiva requeriría la habilitación, motivación y autorización correspondientes.
La IA podría identificar patrones, contradicciones documentales, coincidencias temporales y relaciones relevantes, pero toda inferencia debería poder contrastarse con los datos originales y admitir hipótesis alternativas. La decisión de ampliar el objeto de investigación sería registrada, motivada y revisable.
9.6. Confidencialidad reforzada y garantías de defensa
El sistema podría establecer niveles diferenciados de confidencialidad para investigaciones cuya publicidad pudiera comprometer pruebas, facilitar interferencias, poner en riesgo a denunciantes y testigos o provocar daños reputacionales desproporcionados. Algunas investigaciones ampliadas o prospectivas podrían requerir un nivel reforzado funcionalmente comparable al secreto de sumario, sin trasplantar automáticamente las reglas de un ordenamiento nacional.
Además, deben distinguirse dos reformas normativas autónomas: atribuir competencias jurisdiccionales a sistemas de IA y reconocer una presunción jurídica provisional de culpabilidad durante la investigación de corrupción. La primera no legitima automáticamente la segunda. La presunción de inocencia está protegida durante el proceso penal por instrumentos internacionales, incluido el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en la UE, el artículo 48 de la Carta y la Directiva (UE) 2016/343. La excepción propuesta afrontaría, por tanto, objeciones de compatibilidad particularmente profundas.
Deben distinguirse la reserva frente al público, la protección de fuentes y datos sensibles y la restricción excepcional del acceso de una parte a determinadas actuaciones. Esta última requiere justificación particularmente rigurosa, duración limitada, revisión independiente y mecanismos que aseguren el derecho de defensa y la posibilidad efectiva de impugnar medidas lesivas.
La confidencialidad no se activaría automáticamente por existir una presunción provisional de culpabilidad. Cada decisión requeriría riesgos concretos, motivación, límites temporales y trazabilidad. El sistema registraría quién accedió a qué información, por qué motivo y cuándo se levantó la reserva.
La transparencia pública se garantizaría mediante estadísticas y auditorías agregadas, publicación de criterios generales y rendición de cuentas compatible con la reserva de los expedientes. La confidencialidad externa no puede convertirse en opacidad interna ni en un instrumento para ocultar irregularidades.
9.7. Antecedentes jurídicos comparados y límites de la propuesta
Entre los antecedentes comparados de presunciones probatorias figura el enriquecimiento ilícito. El artículo 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción invita a considerar la tipificación del incremento patrimonial significativo de un funcionario que no pueda explicar razonablemente con sus ingresos lícitos, sujeto a la Constitución y a los principios fundamentales de cada ordenamiento [N1]. Este antecedente no equivale a la presunción investigadora propuesta.
Lindy Muzila, Michelle Morales, Marianne Mathias y Tammar Berger estudiaron comparativamente la criminalización del enriquecimiento ilícito en On the Take (Banco Mundial/UNODC, 2012), precisamente por las dificultades probatorias que plantean los delitos de corrupción y la recuperación de activos [A1]. Este enfoque no presupone la culpabilidad de todo funcionario, sino que parte de hechos patrimoniales que deben acreditarse.
Un precedente normativo especialmente significativo es el artículo 10 de la Prevention of Bribery Ordinance de Hong Kong: exige al funcionario explicar satisfactoriamente recursos o un nivel de vida desproporcionados respecto de sus ingresos oficiales. Su compatibilidad con la presunción de inocencia ha sido objeto de discusión jurídica, incluida la evaluación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas [A2]. No debe extrapolarse a delitos de prevaricación ni a la culpabilidad por pertenencia a una institución.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Salabiaku c. Francia (1988), reconoció que pueden existir presunciones de hecho o de derecho en el ámbito penal, pero exigió límites razonables, proporcionalidad y respeto de los derechos de defensa [J1]. La doctrina no autoriza una inversión indiscriminada de la carga de probar la culpabilidad.
El debate debe distinguir entre hechos base acreditados, inferencias probatorias refutables, obligaciones de explicación patrimonial y una presunción jurídica provisional de culpabilidad limitada a la investigación. Esta última pretende modificar expresamente la regla jurídica de partida durante una fase concreta, sin invertir por ello la carga de demostrar culpabilidad para condenar. La objeción constitucional y convencional es especialmente intensa y permanece abierta.
Estos antecedentes no acreditan la admisibilidad jurídica de la propuesta. Deben estudiarse junto a las garantías internacionales de presunción de inocencia, defensa, control judicial y recurso efectivo, sin convertir el sistema automatizado en dependiente de la aprobación de esta excepción.
10. Viabilidad jurídica y relación con el marco internacional
La propuesta afecta a principios fundamentales de la organización judicial y del derecho procesal.
La UNCAC ofrece un marco internacional de referencia para la persecución de conductas corruptas, pero no autoriza por sí misma la sustitución de jueces por sistemas de inteligencia artificial.
Los programas piloto también deberían medir la detección de delitos conexos, la pertinencia de diligencias practicadas y denegadas, la identificación de elementos exculpatorios, los falsos positivos, la duración y revisión de la confidencialidad y la tasa de decisiones investigadoras revocadas. Ningún piloto amparado por el derecho vigente podría aplicar una excepción a la presunción de inocencia que ese derecho prohíba.
Sin embargo, la UNCAC refiere organismos anticorrupción que sean autónomos y la información oficial permite presumir que en la mayoría de los países los organismos anticorrupción existentes no pueden calificarse como autónomos.
Del mismo modo, los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen garantías como el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a un recurso efectivo.
Estamos en la misma situación, la información oficial cuestiona que haya tribunales independientes e imparciales en casos de corrupción y de represalias.
En el ámbito europeo, el Reglamento de Inteligencia Artificial y las normas de organización judicial y procesal constituyen referencias relevantes para estudiar las restricciones y garantías aplicables.
La experiencia de la Fiscalía Europea también permite examinar la distribución de funciones entre investigación, actuación procesal y control judicial.
Sin embargo, ninguna de estas referencias demuestra por sí sola que una jurisdicción penal plenamente automatizada sea actualmente admisible.
El trabajo propone, precisamente, abrir un debate sobre las reformas que serían necesarias para establecerla.
Ese debate debe distinguir tres cuestiones: la capacidad técnica de los sistemas de IA, la legitimidad jurídica de atribuirles potestades jurisdiccionales y la conveniencia institucional de sustituir determinados mecanismos convencionales.
La presunción investigadora podría generar sesgos de confirmación, pesquisas desproporcionadas, estigmatización y ampliaciones injustificadas del objeto de investigación. La confidencialidad reforzada podría ocultar errores o restringir indebidamente la defensa. El diseño exigiría umbrales de activación verificables, búsqueda activa de descargo, caducidad de medidas, auditorías independientes, controles judiciales y reparación por daños.
11. Antecedentes españoles: valor ilustrativo y límites probatorios
La documentación aportada por el autor incluye un dossier titulado «Denuncias Hacienda Fiscales Jueces y Políticos 2002», una queja al Consejo General del Poder Judicial de noviembre de 2026 relativa a presuntas represalias judiciales y otra de noviembre de 2026 sobre actuaciones de la Agencia Tributaria y entidades de la Seguridad Social [E1–E3]. Se trata de fuentes primarias de denuncia y reclamación, no de sentencias que acrediten la comisión de los delitos alegados.
En el primer conjunto se enumeran denuncias y documentos atribuidos a actuaciones tributarias y judiciales de comienzos de los años 2000, con referencias a cuentas, movimientos y personas identificadas por los denunciantes. No se ha completado una auditoría independiente de autenticidad, moneda, duplicidades, titularidad, origen de fondos, resultados administrativos ni actuaciones penales. Por ello, la cifra global de más de 5.000 millones comunicada por los denunciantes no se incorpora como cantidad de blanqueo acreditada.
La queja de noviembre de 2026 describe, entre otros extremos, procedimientos iniciados contra personas que habían divulgado o denunciado presuntos hechos de corrupción, y cuestiona decisiones procesales de admisión y archivo. La queja de noviembre de 2026 solicita examinar si órganos judiciales detectaron y comunicaron indicios de delitos en procedimientos relativos a Hacienda y Seguridad Social. Ambas permiten identificar preguntas verificables: qué hechos fueron denunciados, qué pruebas se aportaron, qué diligencias se practicaron, qué resoluciones se dictaron y qué vías de revisión existieron.
El interés del antecedente español para este artículo no reside en atribuir responsabilidad penal a personas identificables sin resolución firme, sino en ilustrar el problema de trazabilidad entre denuncia tributaria o administrativa, investigación penal, decisión judicial y protección de quien denuncia. Un sistema piloto automatizado podría contrastar expedientes completos, localizar omisiones documentales y discrepancias procesales y emitir evaluaciones reproducibles, sin convertirlas por sí mismas en declaraciones de culpabilidad.
La utilización académica de estos materiales exige, antes de una publicación definitiva con imputaciones personales, cotejar originales y acuses, resultados administrativos, resoluciones judiciales identificadas por ECLI y, cuando proceda, el estado de los procedimientos y las versiones de las personas afectadas.
12. Implantación progresiva y evaluación
La transformación propuesta requiere una implantación experimental y progresiva.
Una primera etapa podría utilizar expedientes históricos y procedimientos simulados para evaluar la capacidad del sistema de identificar hechos relevantes, aplicar normas, examinar pruebas y producir resoluciones motivadas.
Una segunda etapa podría permitir su utilización en procedimientos reales bajo un régimen experimental que respetara las garantías vigentes, sin atribuirle inicialmente potestades jurisdiccionales incompatibles con la legislación aplicable. Incluso sus resoluciones podrían ser de gran ayuda a las partes, a los fiscales y a los jueces.
La atribución plena de competencias exigiría las reformas jurídicas correspondientes y una evaluación independiente de las etapas anteriores.
La evaluación debería considerar, al menos, la calidad de las resoluciones, la protección de los derechos procesales, los errores, las revocaciones, la duración de los procedimientos, la ejecución efectiva, la recuperación de activos y la protección de denunciantes.
También deberían medirse la accesibilidad, la confianza ciudadana y la disposición a denunciar.
La credibilidad no debe presumirse por el carácter automatizado del sistema. Debe demostrarse mediante resultados verificables.
13. Riesgos y limitaciones
La propuesta presenta riesgos relevantes que deben examinarse abiertamente.
La propuesta articula, como innovaciones jurídico-procesales diferenciadas, una presunción de riesgo de corrupción institucional, una controvertida presunción jurídica provisional de culpabilidad individual que desplazaría la presunción de inocencia únicamente en la fase investigadora, una obligación legal de investigación exhaustiva —incluidos delitos conexos y estructuras relacionadas— y niveles proporcionados de confidencialidad reforzada. La prisión preventiva ofrece una analogía internacional de valoración anticipada de responsabilidad, sin constituir una autorización jurídica directa para la excepción propuesta.
Estas innovaciones procesales son separables de la arquitectura institucional automatizada. Su viabilidad requeriría análisis comparado, reformas normativas, garantías específicas y evaluación empírica, particularmente por la tensión con la presunción de inocencia protegida por el derecho internacional.
La centralización de funciones también puede producir nuevos riesgos de concentración de poder.
La independencia frente a los funcionarios públicos no garantiza automáticamente independencia frente a empresas tecnológicas, organizaciones privadas o responsables de la infraestructura.
Asimismo, la atribución de potestades penales a una IA plantea cuestiones fundamentales sobre legitimidad democrática, responsabilidad jurídica y garantías de las personas acusadas.
La automatización puede reducir determinadas oportunidades de interferencia humana, pero no elimina por sí sola la posibilidad de corrupción, arbitrariedad o error.
Por ello, el diseño deberá contemplar controles independientes, transparencia, revisión judicial, responsabilidad por daños, protección de datos y procedimientos de suspensión y corrección de fallos.
Estas limitaciones no deben omitirse ni tratarse como cuestiones secundarias. Forman parte del análisis de viabilidad de la propuesta.
14. Discusión: de la reforma de las instituciones a una alternativa institucional
La mayoría de las estrategias convencionales contra la corrupción se orientan a mejorar las instituciones existentes mediante nuevas normas, recursos, controles y mecanismos de supervisión.
Estas reformas pueden producir avances relevantes.
Sin embargo, cuando el problema incluye la posible captura de los órganos encargados de investigar o sancionar, la reforma interna puede resultar insuficiente.
La propuesta examinada introduce una alternativa estructural: sustituir la intervención decisoria ordinaria de esos órganos por un sistema automatizado, especializado y sometido a garantías verificables.
Su posible contribución no se limita a aumentar la rapidez de los procedimientos.
Pretende reducir las oportunidades de bloqueo institucional, facilitar la denuncia de posibles delitos cometidos desde las propias instituciones y reforzar la ejecución efectiva de las resoluciones.
También busca modificar las expectativas de las víctimas.
Una vía jurídica creíble puede aumentar la disposición a denunciar y, con ello, mejorar la detección de posibles delitos.
Si el sistema demostrara mayor capacidad de investigación, independencia y ejecución, podría contribuir a reducir la impunidad y alterar los incentivos que favorecen la reproducción de la corrupción.
No obstante, estos efectos constituyen hipótesis que deben ser comprobadas. La superioridad del sistema propuesto no puede darse por demostrada antes de su evaluación.
15. Conclusiones
Las evaluaciones internacionales de las últimas décadas documentan deficiencias persistentes en la lucha contra la corrupción. La primera parte de la serie de investigación del autor analiza estas evidencias, sus consecuencias y las limitaciones de los mecanismos convencionales.
Este trabajo plantea que la discrecionalidad, la opacidad y la insuficiente responsabilidad institucional pueden contribuir a la impunidad y que esta puede actuar como un mecanismo de reproducción de la corrupción sistémica.
Frente a ello, propone un sistema de inteligencia artificial totalmente automatizado, con alcance internacional y posible implantación nacional, especializado inicialmente en procedimientos penales de corrupción y delitos conexos y en procedimientos civiles de represalia contra denunciantes, alertadores y periodistas.
La propuesta comprende la investigación, tramitación, resolución judicial y seguimiento de la ejecución, con revisión judicial humana y garantías de defensa.
Su arquitectura institucional contempla delegaciones nacionales, gobernanza plural sin mayoría ni control efectivo de funcionarios públicos ni de juristas, participación de organizaciones anticorrupción y financiación parcialmente vinculada a activos recuperados.
Asimismo, abre un debate sobre la presunción de riesgo de corrupción institucional y sobre una controvertida presunción de culpabilidad individual en contextos de corrupción sistémica.
El objetivo fundamental es examinar si una alternativa automatizada puede proporcionar una protección jurídica más creíble, independiente y eficaz que los mecanismos convencionales en aquellos ámbitos donde estos han demostrado deficiencias persistentes.
La propuesta no presupone que la inteligencia artificial sea infalible ni que su implantación resulte jurídicamente posible sin reformas profundas.
Su aportación consiste en trasladar el debate desde la mera mejora de las instituciones anticorrupción existentes hacia una cuestión más fundamental:
¿Puede la sociedad construir un mecanismo de persecución de la corrupción que no dependa de las decisiones de los mismos funcionarios y estructuras institucionales que, en determinados casos, pueden estar implicados en los hechos que deberían investigarse?
La respuesta requiere investigación empírica, experimentación tecnológica y un debate jurídico internacional. Pero la magnitud de los problemas documentados justifica examinar alternativas institucionales que hasta ahora han recibido una atención limitada.
Experiencia y conocimiento acumulado del autor
Este programa de investigación es el resultado de un proceso acumulativo de más de quince años de experiencia práctica, observación e investigación sobre la corrupción y el funcionamiento de los mecanismos institucionales y anticorrupción. Durante este período, la experiencia directa del autor en la denuncia y comunicación de información relativa a posibles casos de corrupción ante instituciones españolas, europeas e internacionales se amplió mediante la promoción y dirección de distintas iniciativas asociativas: como presidente de una asociación de personas afectadas por actuaciones institucionales, como único promotor y presidente de una federación de asociaciones y como único promotor y presidente de una alianza integrada por asociaciones y un movimiento social. Esta actividad le permitió conocer y abordar situaciones que afectaban a otras personas y organizaciones, desarrollar actuaciones ante distintas instituciones y compartir proyectos y experiencias con otros responsables sociales.
Esta trayectoria produjo un proceso progresivo y acumulativo de conocimiento. La experiencia práctica planteó nuevas cuestiones que llevaron a nuevas investigaciones; estas ampliaron el conocimiento disponible y, a su vez, condujeron a investigar otros problemas, reconsiderar cuestiones previamente analizadas y establecer relaciones entre fenómenos que habitualmente se estudian por separado. Este proceso ha influido no sólo en las cuestiones abordadas por la investigación, sino también en la forma de plantearlas, las fuentes y datos examinados, las relaciones establecidas entre ellos y el marco analítico mediante el cual se interpreta la evidencia.
Declaración de uso de la inteligencia artificial (IA)
Se ha utilizado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI) como como apoyo en la redacción, revisión lingüística, traducción, estructuración y presentación de este trabajo de investigación.
Las preguntas de investigación, el marco conceptual, las hipótesis, la propuesta institucional, el análisis, los argumentos y las conclusiones son responsabilidad del autor, quien asume plenamente la responsabilidad sobre el contenido, la exactitud y la integridad de la publicación.
Referencias bibliográficas y documentales
Investigación del autor
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[M4] Marzal, J. (2026). Tres brechas en la lucha internacional contra la corrupción. 30 años de normas, incumplimiento y aplicación insuficiente. Serie Corrupción, parte I, artículo 4. https://doi.org/10.5281/zenodo.23019185
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[M8] Marzal, J. (2026). 30 años de marcos anticorrupción: una desalineación estructural entre definición, escala y resultados. https://doi.org/10.5281/zenodo.19357789
Organizaciones intergubernamentales y fuentes jurídicas
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[O2] Fiscalía Europea (2025). Informe anual 2024. https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/index.html
[O3] Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (2025). Informe OLAF 2024. https://ec.europa.eu/olaf-report/2024/index_en.html
[N1] Naciones Unidas (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 20. https://mandates.un.org/mandate/A/RES/58/4
[N2] Organización de los Estados Americanos (1996). Convención Interamericana contra la Corrupción.
[N3] Consejo de Europa (1999). Convenios Penal y Civil sobre la Corrupción.
[N4] Unión Europea. Reglamento (UE) 2024/1689, sobre inteligencia artificial; Reglamento (UE) 2017/1939, sobre la Fiscalía Europea; Directiva (UE) 2016/343, sobre presunción de inocencia.
[A1] Muzila, L., Morales, M., Mathias, M. y Berger, T. (2012). On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption. Banco Mundial y UNODC. https://ideas.repec.org/b/wbk/wbpubs/13090.html
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[J1] Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1988). Salabiaku c. Francia, demanda 10519/83. https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-57570
Antecedentes documentales españoles (alegaciones, no hechos judicialmente acreditados)
[E1] Dossier: «DENUNCIAS HACIENDA FISCALES JUECES Y POLÍTICOS 2002/2004». Documentación que forma parte de las investigaciones del autor.
[E2] Marzal, J. (2026). Queja CGPJ 2 represalias 2026, 29 de octubre. Denuncia presentada por el autor.
[E3] Marzal, J. (2026). CGPJ SS y Hacienda 2026, 2 de noviembre. Denuncia presentada por el autor.